La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) llevó a cabo una evaluación en 28 colegios ubicados en diversas regiones del país y determinó que el 70% de ellos no dispone de almacenes ni cocinas que cumplan con los requisitos sanitarios establecidos.
El informe señala que el 50% de las instituciones educativas carece de espacios exclusivos para el manejo de alimentos, y en el 20% se hallaron rastros de heces de roedores, lo cual agrava el estado de los ambientes destinados a la alimentación escolar.
Adicionalmente, en todos los colegios supervisados se evidenció la ausencia total de controles sobre la calidad del agua, la falta de medidas para prevenir plagas y la inexistencia de un plan de limpieza y saneamiento.
Estos hallazgos se difundieron en paralelo a la segunda entrega de alimentos del programa Wasi Mikuna —antes conocido como Qali Warma— realizada entre marzo y abril. Durante ese mismo periodo, La República registró 13 episodios de intoxicación que afectaron a 192 alumnos que consumieron los productos entregados por el programa.
El Gobierno ha rechazado cualquier responsabilidad en los casos de intoxicación registrados. Como explicación, ha sugerido que los problemas podrían deberse a condiciones inadecuadas de almacenamiento o a la falta de higiene en las cocinas donde se preparan los alimentos para los escolares.
Wasi Mikuna, el programa nacional de alimentación escolar, ha citado el informe de Digesa para señalar que tanto las autoridades educativas como los padres de familia tendrían parte de la responsabilidad por las deficiencias en la conservación y preparación de los alimentos.
Sin embargo, el reporte de Digesa no menciona que el propio programa Wasi Mikuna cuenta con personal especializado encargado de capacitar, supervisar y monitorear el estado de los almacenes, así como la entrega de productos y la preparación de los alimentos en las escuelas.
La crisis en este programa, que brinda atención a más de 4,2 millones de estudiantes a nivel nacional, estalló en octubre de 2024, luego de que el programa de televisión Punto Final revelara que la empresa Frigoinca, proveedora de conservas de carne, habría pagado sobornos a funcionarios de Qali Warma y Digesa para encubrir su responsabilidad en una intoxicación masiva ocurrida el 25 de marzo en Cabana, Puno.
En ese caso, los representantes de Digesa atribuyeron la contaminación al consumo de agua de pozo, eximiendo a Frigoinca. Por esta razón, seis funcionarios de Digesa están siendo investigados por el Ministerio Público.
A raíz de los continuos casos de intoxicación, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) decidió cerrar definitivamente el programa Wasi Mikuna el 13 de abril de este año. También se suspendió la recepción de productos destinados a la tercera entrega de alimentos a más de 62 mil colegios en todo el país.
Todavía están en evaluación varias marcas de conservas de pescado y pollo que estarían vinculadas a nuevos casos de intoxicación. El 15 de abril, Dennis Vega Chalco, jefe de la Unidad de Organización de las Prestaciones, comunicó a Nadya Villavicencio Callo, directora ejecutiva del programa, que aún no se han recibido los resultados de los análisis de laboratorio, los cuales serán determinantes para definir las siguientes acciones de atención alimentaria.
“Hasta ahora no se ha recibido el informe con los resultados de los análisis solicitados por las autoridades sanitarias sobre los productos cuestionados”, indicó Vega.
Mientras la entrega de productos sigue detenida, los responsables del programa han propuesto al Midis reemplazar temporalmente la alimentación escolar con canastas de víveres, para asegurar la continuidad del servicio.
Wasi Mikuna argumenta que, en situaciones excepcionales debidamente justificadas, es posible reorganizar el menú escolar a través de la entrega individual de canastas alimentarias para cada estudiante.
A pesar de ello, en el Ejecutivo parecería haber más interés en entregar dinero directamente a las familias para que estas se encarguen de comprar y preparar los alimentos. Sin embargo, especialistas en programas sociales han expresado su desacuerdo con esta propuesta.
