El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, ha presentado una solicitud al Poder Judicial para cumplir su condena de 20 años de prisión en arresto domiciliario. Esta petición se basa en la reciente Ley Nº 32181, promulgada en diciembre de 2024, que permite a los mayores de 80 años cumplir sus penas en casa por razones humanitarias.
Toledo, quien cumplió 80 años el 28 de marzo, fue sentenciado por corrupción en el caso Odebrecht y se encuentra recluido en el penal de Barbadillo desde abril de 2023, tras ser extraditado desde Estados Unidos. Su abogado, Roberto Su, confirmó que la solicitud fue presentada poco después de su cumpleaños y está a la espera de la decisión del juez de garantías, Richard Concepción Carhuancho.
La Ley Nº 32181 modifica el artículo 22 del Código Penal, permitiendo que cualquier persona mayor de 80 años pueda solicitar el cumplimiento de su condena en casa, sin distinción de los delitos cometidos. Esta norma ha suscitado controversia, ya que permite que individuos condenados por delitos graves, como corrupción o violaciones a los derechos humanos, puedan beneficiarse.
El caso de Toledo no es único, ya que personajes como el exasesor Vladimiro Montesinos, quien cumplirá 80 años en mayo, también podrían acogerse a esta ley. Aunque muchos defienden esta medida como una acción humanitaria, otros critican que se aplique a quienes han cometido delitos graves.
Ante las preocupaciones generadas, el Congreso de la República ha comenzado a evaluar modificaciones a la ley. La congresista Milagros Aguayo (Renovación Popular) ha presentado un proyecto para excluir de estos beneficios a aquellos condenados por delitos graves, como corrupción, terrorismo y violación de menores. Esta propuesta aún debe ser debatida en el Pleno del Congreso.
La solicitud de Toledo está actualmente en manos del Poder Judicial, que deberá notificar a la Fiscalía para que emita su opinión antes de tomar una decisión. Mientras tanto, la controversia sobre la aplicación de la Ley Nº 32181 sigue en aumento, abriendo la puerta a una serie de posibles beneficios para otros sentenciados mayores de 80 años.
