La fiscal Diana Canchihuaman Castañeda solicitó 35 años de prisión contra el expresidente Alejandro Toledo por presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos del caso Interoceánica Sur tramo 4. Por esa razón, el Poder Judicial programó una audiencia preliminar de control de requerimiento de acusación mixto de carácter ‘presencial e inaplazable’ contra Alejandro Toledo.
Esta audiencia será realizada el próximo lunes 25 de marzo desde las 9 de la mañana en la Corte Superior Nacional, ubicada en la cuadra 7 de la prolongación Tacna en el Cercado de Lima. La audiencia estará a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, quien deberá revisar la acusación fiscal y resolver tanto los pedidos como las observaciones presentadas por la fiscalía o por los abogados de Toledo. Resueltos todos los requisitos legales, se podrá proceder con el juicio oral.
La fiscal también solicitó 16 años y 8 meses de cárcel para Avraham Dan On, exjefe de Seguridad de Alejandro Toledo; 29 años y 4 meses para Marcos de Moura Wanderley y el expresentante de la empresa Camargo y Correa; y 22 años, 2 meses, y 2 días para Rafael Bravo Orellana y Alberto Pasco Font Quevedo.
El juez Richard Concepción Carhuancho también evaluará el dictamen fiscal que solicita el archivo del delito de lavado de activos del empresario Josef Maiman Rapaport, fallecido el 8 de octubre de 2021.
Otros procesos de Toledo:
Cabe recalcar que el expresidente fue extraditado de los Estados Unidos por el mismo caso de la carretera Interoceánica Sur en los tramos 2 y 3. En este caso, el expresidente es acusado de lavado de activos al presuntamente recibir un soborno de 35 millones de dólares para adjudicar contratos de la carretera a la empresa Odebrecht, así como por delitos de colusión. También enfrenta un pedido de condena de 35 años que inició el último 26 de octubre por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional.
Por otro lado, el caso Ecoteva involucra a Toledo y a su esposa Eliane Karp por el presunto lavado de activos, de la misma empresa brasileña Odebrecht. Los esposos habrían recibido pagos ilícitos a través de la compra de inmuebles.
