El acusado exmandatario Alejandro Toledo ha enviado ayer, a través de sus abogados Jodi Linker, Mara Goldman y Graham Archer, un escrito de respuesta a la jueza Laurel Beeler; para insistir que la extradición en su contra debe ser suspendida hasta que se resuelva primero su hábeas corpus en Estados Unidos.
Este recurso, como expuso previamente este diario, puede tardar algunos meses en resolverse. No obstante, la estrategia de Toledo para evitar ser juzgado en el Perú por el caso Odebrecht apunta a tres argumentos específicos, según un documento.
Primero, las defensas sostienen que “el Perú no ha cumplido con el requisito del documento de acusación [por el caso Odebrecht]” y que, si bien la jueza Laurel Beeler ya ha rechazado este y otros argumentos desde el 22 de abril pasado, “no significa que el pedido de suspension sea injustificado”.
Un segundo argumento del exmandatario apunta a que “sufrirá un daño irreparable” si no se concede la suspensión de su retorno al Perú por dos razones. En esencia porque «no tendrá la posibilidad de continuar con su apelación si es extraditado» y que de volver a enfrentar a las autoridades peruanas sería ingresado a prisión, donde «correría el riesgo de enfermarse gravemente o morir si es encarcelado en Perú mientras espera el juicio».
Toledo tiene orden de captura por el caso Interoceánica (adjudicación irregular de proyecto vial a Odebrecht) y el caso Ecoteva (compra de propiedades con presuntos sobornos de Odebrecht). El exjefe de Estado tiene así la condición de acusado en ambos casos. Por la carretera Interoceánica el fiscal José Domingo Pérez pidió en su contra 20 años y medio de cárcel, mientras que por Ecoteva, donde se le piden más de 13 años de prisión, el Tribunal Constitucional optó en abril pasado por mantener las órdenes de captura contra él y su esposa Eliane Karp.
«El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha determinado que las prisiones de Perú están peligrosamente superpobladas, carecen de servicios sanitarios adecuados o incluso de agua potable, y no pueden proporcionar una atención médica adecuada», sostiene la defensa en su escrito presentado a la magistrada Beeler.
Por último, los letrados defensores manifiestaron que en casos similares de extradición “los tribunales han concluido que no hay razón para creer que una suspensión perjudicaría sustancialmente a los Estados Unidos o al interés público”. Es decir, que paralizar el proceso no afectaría al país norteamericano.
El próximo 9 de junio desde la mañana se evaluarán estos argumentos y los del Estado norteamericano para determinar si se suspende o no el proceso de extradición contra Toledo.
Postura fiscal
El escrito de la defensa legal de Toledo es a su vez una respuesta a lo esgrimido por los fiscales de Estados Unidos el último 12 de mayo. En el informe que presentaron entonces Stephanie Hinds, Kyle Waldinger y Rebecca Haciski sostuvieron que la suspensión requerida por el expresidente debía ser denegada.
Señalaron primero que lo dicho por la defensa ya había sido rechazado por el juez Thomas Hixson cuando aprobó continuar el trámite de extradición y, luego, por la jueza Laurel Beeler al denegrar el hábeas corpus contra dicho proceso.
“Estos argumentos no logran establecer ninguna probabilidad de éxito en la apelación, y mucho menos una fuerte probabilidad de éxito o un caso sustancial sobre el fondo”, indicaron.
Sostuvieron en este sentido además que la extradición no debe paralizarse ya que “aunque esta Corte ha confirmado la orden de certificación de extradición, el Secretario de Estado [Anthony Blinken] aún debe llevar a cabo su propia revisión de la solicitud de Perú para extraditar Toledo, y él puede presentar cualquier argumento que desee, incluyendo cualquier reclamo humanitario en defensa de la extradición, al Secretario”. Blinken aún no resuelve si Toledo debe volver al Perú, por lo que esá garantizado su derecho a defensa incluso si tiene un resultado adverso.
Los fiscales resaltaron también que «es posible que (Alejandro Toledo) no esté sometido a una prolongada prisión preventiva en Perú como afirma», pues «la excandidata presidencial Keiko Fujimori y la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, implicadas en investigaciones sobre sobornos de Odebrecht, fueron liberadas de la prisión preventiva antes de un juicio». Por ello no habría un «daño irreparable» como alega Toledo.
Alejandro Toledo fue acusado por el fiscal José Domingo Pérez en agosto del 2020 a viente años y medio de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos. Según la investigación, Toledo recibió alrededor de US$34.3 millones de la constructora Odebrecht a cambio de adjudicarle la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3).
El caso también tiene entre los acusados a exdirectivos de las empresas Graña y Montero, GyM, ICCGSA y JJC así como a Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo, José Graña Miró Quesada y otros. Actualmente, este proceso para revisar la acusación contra Toledo está paralizado y aún no puede instalarse la etapa previa al juicio oral.
