El expresidente Alberto Fujimori, a los 85 años, recupera la libertad de manera inmediata, evitando cumplir la condena de 25 años que pesaba sobre él, gracias a la controvertida decisión del Tribunal Constitucional (TC) que aprobó su habeas corpus e ignoró el pronunciamiento contrario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La resolución del TC generó polémica al permitir la liberación de Fujimori, a pesar de la condena de la Corte IDH, y marca el final de su reclusión en el penal de Barbadillo, donde cumplía su sentencia por su participación en las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos.
Previo a la liberación, el TC había rechazado la aclaración solicitada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, allanando el camino para la ejecución del habeas corpus y la inmediata puesta en libertad del exmandatario.
Alberto Fujimori, en su salida del penal, abandonó la condena de 25 años que cumplía, otorgada por su responsabilidad mediata en las mencionadas matanzas, mientras el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski le concedió el indulto.
Durante su reclusión, Fujimori realizaba salidas para recibir atención médica, un tema criticado por expertos en seguridad, aunque esta vez su liberación no se relaciona con motivos de salud sino con la decisión del TC.
Antes de la resolución del 28 de noviembre, el TC emitió un oficio considerando improcedente la solicitud de aclaración del Minjusdh, marcando un punto de no retorno para la liberación del exmandatario.
Se planteó una interpretación de la decisión del TC que sugería no la libertad directa de Fujimori, sino la transferencia de responsabilidad a un juez penal de Ica para tomar una decisión, según explicó el abogado Carlos Rivera.
Carlos Rivera destacó que el TC no abordó la sentencia de la Corte IDH ni la resolución de medida cautelar que indicaba que Perú no podía liberar a Fujimori, dejando interrogantes sobre la compatibilidad de la liberación con las decisiones judiciales internacionales.
