El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), mencionó que debido a la transparencia y a la competencia limpia en el proceso de compra de urea, el Estado peruano pudo ahorrarse 2.8 millones de dólares.
Toda esta declaración de Agro Rural nace a raíz de una respuesta brindada a Contraloría General de la República (CGR), pues esta última habría emitido un informe señalando que en realidad no hubo una adecuada evaluación de las empresas postulantes y recomendó descalificar a la ganadora.
Además, el informe del CGR mostró irregularidades durante el criterio utilizado para la selección de una empresa.
Frente a ello, Agro Rural insitió en que el proceso se realizó bajo “los usos y costumbres del comercio internacional, como norma de mayor rango”. Esta norma internacional tiene como término internacional Incoterm DDP y se utiliza “cuando el vendedor cubre al máximo las responsabilidades de la mercancía” y “hace los pagos de importación en aduana, entre otras obligaciones acordadas contractualmente”.
Inclusive, la entidad aseguró que se utilizaron todas las herramientas disponibles y que hubo un control estricto para seleccionar a un ganador. “Para los actos públicos se contó con la presencia de un notario público”, agregó.
