El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se encuentra en el centro de una nueva disputa entre el Estado, las aerolíneas y su operador, Lima Airport Partners (LAP). El motivo: el cobro de la TUUA de transferencia nacional, una tarifa de 8 dólares por pasajero en conexión doméstica que debía aplicarse desde octubre, pero quedó suspendida mientras el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) evalúa otorgar un subsidio de hasta 178,5 millones de soles para evitar su implementación.
La controversia surgió tras el anuncio de LATAM Airlines Perú de cancelar vuelos internacionales y advertir un posible impacto en la competitividad del aeropuerto limeño. A raíz de ello, el MTC convocó una mesa técnica con Ositrán y LAP para revisar el impacto económico y buscar una salida negociada. La medida solo afecta, por ahora, a los pasajeros en conexión nacional, mientras que la tarifa internacional de 12,67 dólares entrará en vigor este 27 de octubre.
Según Juan Marcos Venegas, gerente de Planeamiento Financiero de LAP, el cobro de la TUUA de transferencia responde a un servicio efectivamente prestado, ya que los pasajeros en conexión utilizan 25 de los 32 servicios aeroportuarios disponibles. “No se nos puede decir que no cobremos lo que nos corresponde”, sostiene el ejecutivo.
LAP argumenta que el Estado podría asumir el costo parcial o total de la tarifa para no trasladarla a los pasajeros. El impacto estimado sería de S/141,7 millones a S/178,5 millones durante los próximos 15 años, dependiendo del tipo de cambio y del crecimiento del tráfico aéreo.
Sin embargo, las aerolíneas han solicitado al MTC que ambas tarifas —la nacional y la internacional— sean tarifa cero, lo que ha sorprendido a LAP. “Me sorprende muchísimo que gremios y empresas como Latam pidan eso, sabiendo que estamos negociando una adenda”, añadió Venegas.
De acuerdo con Ositrán, el concesionario recibirá solo una fracción del cobro, ya que de los 8 dólares de la TUUA nacional, LAP obtendría apenas 3,63 dólares; el resto se destinará a retribuciones, impuestos y fondos regulatorios.
El subsidio aún está en discusión, y no se descarta que su resolución llegue en pleno fin de año, cuando la demanda de vuelos se dispara y el debate sobre los costos aeroportuarios se intensifica. En 2024, el operador ya enfrentó retrasos en la entrega del nuevo terminal, inicialmente prevista para Navidad y finalmente inaugurada en junio de 2025.
En total, LAP proyecta ingresos de hasta 178,9 millones de dólares por los cobros de transferencia nacional e internacional durante los próximos cinco años. El concesionario asegura que las tarifas de Lima siguen entre las más bajas de la región, comparadas con aeropuertos de Santiago, Frankfurt o Hong Kong, donde los cobros por conexión pueden duplicar los aplicados en el Jorge Chávez.
Mientras tanto, el Gobierno debe decidir si asume el costo de mantener la tarifa suspendida o permite que LAP la cobre directamente. En cualquier caso, el debate revela un dilema de fondo: quién pagará realmente el precio de volar por Lima —las aerolíneas, el aeropuerto o los contribuyentes.
