Un reciente informe de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos ha desatado una tormenta política al acusar a la presidenta Dina Boluarte y al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, de ser parte del «brazo legal» de una presunta organización criminal vinculada al partido Perú Libre. El documento de 200 páginas, presentado al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, sostiene que ambos habrían utilizado su influencia en el Parlamento y el Ejecutivo para promulgar leyes que beneficien a su partido y obstaculicen las investigaciones en su contra.
Según un reportaje de un medio de comunicación, la investigación liderada por el fiscal Ángel Astocondor comenzó en el 2021 y se centra en Vladimir Cerrón, fundador del Partido Perú Libre y actualmente prófugo de la justicia, su hermano Waldemar Cerrón y la presidenta Boluarte El informe fiscal advierte sobre “hechos identificados que perjudicarían o impedirían el correcto desarrollo de la investigación seguida contra la organización criminal Perú Libre y sus miembros”
Entre los actos señalados, destaca la defensa del proyecto de ley de Waldemar Cerrón, el 10 de mayo de 2024, que buscaba reconocer a los partidos políticos como asociaciones de interés público, evitando así que puedan ser investigados como organizaciones criminales. Este proyecto fue aprobado sin oposición por parte de Boluarte y se promulgó como la Ley N.º 32054 el 10 de junio de 2024.
Además, en el 2023, Waldemar Cerrón presentó otra propuesta legislativa para definir las características de una organización criminal, la cual fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso el 4 de julio. Esta iniciativa considera como organización criminal a cualquier grupo estructurado y estable compuesto por tres o más personas que cometen delitos graves para obtener un beneficio económico. La medida ha sido criticada por el Ministerio Público, gremios empresariales y dirigentes políticos, ya que se considera que podría beneficiar a bandas criminales y partidos políticos implicados en actos de corrupción.
La gravedad de estas acusaciones podría tener profundas repercusiones en el escenario político peruano, poniendo en entredicho la integridad de altos funcionarios y la legitimidad de las recientes reformas legislativas impulsadas por Perú Libre.
