La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó este miércoles una denuncia penal contra su antecesora, Patricia Benavides, por haber acudido el pasado lunes 16 de junio a la sede principal del Ministerio Público para intentar retomar el cargo que anteriormente ocupó. Benavides llegó acompañada de un grupo de personas, incluidos guardias de seguridad y abogados, sin solicitar previamente una audiencia formal.
La denuncia, que también alcanza a su abogado Juan Peña y a varios acompañantes, plantea que habrían incurrido en los presuntos delitos de usurpación de funciones y perturbación a la tranquilidad pública. Entre los mencionados también figuran practicantes y colaboradores, lo que ha sido objeto de crítica por parte de la defensa de Benavides.
El incidente se produjo días después de que Junta de Fiscales Supremos mediante la resolución N.º 231-2025-JNJ ordenara su reposición como fiscal suprema titular, más no como fiscal de la Nación. La Junta de Fiscales Supremos ratificó que la elección de Delia Espinoza como titular del Ministerio Público sigue vigente hasta 2026, por lo que Benavides no podía asumir ese cargo sin un nuevo acto colegiado. Sin embargo, la Junta de Fiscales Supremos ha reiterado que su actual titular, Delia Espinoza, fue elegida formalmente para el cargo por un período de tres años, lo que impide una reasunción automática del rol de fiscal de la Nación.
Espinoza ha negado que exista una crisis institucional dentro del Ministerio Público. “No hay caos, ni pugna de poderes. Lo ocurrido ya fue superado. Aquí seguimos trabajando con normalidad”, declaró en entrevista con Canal N. También descartó estar “atrincherada” en su despacho y aseguró que se han reforzado las medidas de seguridad solo como precaución.
Además, Espinoza cuestionó declaraciones del primer ministro Eduardo Arana y del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quienes habían advertido sobre el daño institucional generado por el enfrentamiento. “Pido respeto al Ministerio Público. Ellos no han estado aquí ni conocen la situación real”, enfatizó.
En paralelo, la titular del Ministerio Público anunció una investigación preliminar a raíz de las declaraciones del magistrado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Francisco Távara, quien denunció presunto “reglaje” por parte de personas cercanas a la alta dirección del organismo.
Por otro lado, el caso ha generado fuerte oposición política. La bancada de Renovación Popular presentó una denuncia constitucional contra Delia Espinoza y solicitó su inhabilitación por diez años, acusándola de haber excedido sus funciones.
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) también se pronunció, señalando que la restitución de Benavides como fiscal de la Nación sería inconstitucional, ya que la JNJ se habría excedido al ordenar dicho regreso sin respetar el mecanismo de designación formal del cargo. El CAL advirtió que ello podría constituir delitos como abuso de autoridad y usurpación de funciones.
Defensa rechaza acusaciones y denuncia exclusión de fiscales supremos:
Tras conocerse la denuncia, el abogado de Benavides, Juan Peña, respondió públicamente y calificó la acusación como una “exageración”. En entrevista con Exitosa, Peña defendió a su patrocinada y aseguró que el grupo que la acompañaba, incluidos practicantes de apenas 21 años, no tenía ninguna intención de irrumpir en el despacho ni de generar desorden.
“Yo también estoy denunciado, y parte de mi equipo también. Las demás personas no tienen ningún tipo de injerencia en los hechos que ocurrieron el lunes”, sostuvo. Además, aseguró que existen grabaciones del personal de seguridad que demuestran que esperaban en una sala mientras se coordinaba el ingreso.
Peña explicó que Patricia Benavides acudió a la sede en su calidad de fiscal suprema, cargo al que fue restituida por una resolución judicial. Al enterarse de que la Junta de Fiscales Supremos se encontraba en sesión permanente y que no fue convocada, decidieron pedir la presencia de la Policía para constatar la situación. “No fuimos a tomar nada por la fuerza. Con dos niñas conmigo y con la doctora Benavides, eso es una barbaridad y un pensamiento totalmente exagerado”, afirmó.
El abogado también cuestionó que ni Benavides ni el fiscal supremo Tomás Gálvez, quien también fue reincorporado por orden del Tribunal Constitucional, hayan sido convocados a las sesiones de la Junta. “Están dilatando su reingreso para que no puedan opinar. Lo quieren callar y eso es lo más grave”, advirtió.
La situación ha intensificado la crisis institucional en el Ministerio Público. Especialistas en derecho constitucional coinciden en que, si bien Benavides ha sido restituida como fiscal suprema, no puede reasumir el cargo de fiscal de la Nación sin una decisión expresa de la Junta de Fiscales Supremos, órgano encargado de dicha designación.
