Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.-N°-4654-
La indignación justa y cabal de la sociedad crece desmesuradamente ante la pugna generado por dos bandos de fiscales que han creado el vacío incompetente, estéril del Ministerio Público o fiscalía. Ante este evento, el comunicado oportuno y puntual por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), refrendado por su presidente, Dr. Gino Augusto Tomás Ríos Patio, constituye y establece un llamado apremiante, urgente a la sensatez y al respeto institucional. Asimismo, rechaza con firmeza las declaraciones del miembro Francisco Távara Córdova, que deambuló en los medios de comunicación ventilando y acusando un supuesto reglaje y explicó irregularidades en la elección de autoridades de la JNJ, así como en la tramitación de procedimientos disciplinarios. El país, inmerso ya en una profunda crisis de confianza en sus instituciones, no puede permitirse que el desconcierto se instale también en la entidad encargada —únicamente— de velar por la competencia del sistema de administración de la justicia.
En su mensaje, la JNJ desmantela una a una las aseveraciones del Dr. Távara. Aclara que las decisiones sobre personal auxiliar no dependen de la Presidencia ni de la Vicepresidencia, sino del propio miembro y de las áreas administrativas correspondientes. Lo cual desmiente que el consejero se haya dispensado a tiempo para -NO- participar en una audiencia clave, mostrando evidencia de que su solicitud fue remitida cuando esta ya se encontraba en curso. Finalmente, recuerda que las resoluciones del Pleno fueron adoptadas conforme a derecho, con los votos válidos y reglamentarios de los miembros asistentes.
A parte de la especialización técnica jurídicos, están en juego aquí es la credibilidad misma del sistema. Cuando un miembro de un alto organismo constitucionalmente autónomo e independiente, como la JNJ emite imputaciones sin apoyo demostrable y, luego, el propio organismo demuestra lo contrario con fechas, actos administrativos y normativas claras, se corre el riesgo de que la ciudadanía, fustiga por múltiples crisis, caiga en la desvergüenza o desaliento.
Resulta alarmante, angustiante que los enfrentamientos internos en instituciones constitucionales sean ventilados en medios de comunicación frente a los conductos que el orden legal previene para la resolución de controversias. En un Estado de derecho, los agravios —reales o percibidos— se procesan mediante procedimientos regulares, no con declaraciones altisonantes ni con indirectas que solo acreditan a la confusión.
Este acontecimiento debe servir como una advertencia: la legitimidad de una institución no solo se construye con procedimientos adecuados, sino también con el comportamiento responsable de sus integrantes. El país necesita instituciones sólidas, no solo en términos legales, sino también éticos. La JNJ no puede ni debe convertirse en un nuevo frente de descomposición institucional, sobre todo cuando su misión es asegurar la probidad en el aparato de justicia.
La advertencia final del comunicado es preciso: toda crítica es bienvenida en democracia, pero debe estar reforzada y sustentada en la verdad y canalizada dentro del debido proceso. Porque sin respeto por las formas y sin apego a las normas, solo queda la ley del más firme.
