La última postal de nuestra escena política en el Congreso durante el debate del informe final de la comisión Lava Jato, que tuvo diversos enfrentamientos verbales entre sus miembros, me recordó la relación entre la democracia y la corrupción y cómo nuestro modelo de gobierno ha permitido que desde antaño la corrupción ocupe un sitio en nuestra sociedad y en nuestras instituciones. Más allá de los cuestionamientos de dicho documento presentado por la fujimorista Rosa Bartra, en el cual se debió incluir a Alan García y Keiko Fujimori en las investigaciones que se realizaron, este mega caso de corrupción debe provocar en la ciudadanía una reflexión sobre cómo cada uno desde su trinchera puede forjar una sociedad no corrupta.
La corrupción no solo se ha esparcido y consolidado en gobiernos democráticos, sino recordemos el cogobierno de Alberto Fujimori y su asesor, Vladimiro Montesinos, quienes habían capturado al Perú en sus redes de corrupción y manipulación, años en los que el dinero movía conciencias a diestra y siniestra. El escándalo de los ‘vladivideos’ logró la caída del ‘chino’ Fujimori, lo cual significó la vuelta a la democracia y marcó un nuevo precedente en nuestra agitada historia republicana.
Hoy, dieciocho años después, estamos atravesando, quizá, una crisis más dura de la que vivimos en aquella época, el destape de los CNM audios ha constatado que la podredumbre arribó hasta nuestro sistema de justicia y se agarró con uñas y dientes. Y si a eso le agregamos el escándalo del caso de corrupción Lava Jato, el cual salpicó a cuatro ex presidentes: Toledo, García, Humala y PPK, quienes presuntamente favorecieron a la constructora brasileña Odebrecht en el licitamiento de obras a cambio de millonarios sobornos, tenemos el caldo de cultivo perfecto para un nuevo Fujimori, alguien que ofrezca soluciones inmediatas y populistas. Esto nos muestra que nuestro sistema político, económico, electoral y judicial pide a gritos un ajuste estructural mediante reformas. Un nuevo modelo que tenga como eje principal una ciudadanía activa a fin de que se establezca un nuevo equilibrio.
Así, el futuro de nuestra democracia y de la reducción de la corrupción dependerá, inexorablemente, de cuánto se fortalezcan nuestras instituciones y partidos políticos, pero también del aumento de la participación ciudadana en asuntos públicos. En suma, quedará en manos de la ciudadanía plantear nuevos modelos de organización política y económica, que nos convengan mejor, políticas sociales y nuevas formas de desarrollo que a largo plazo nos eviten pasar por estas crisis una y otra vez; así como la laboriosa misión de ser parte de una sociedad que no tolere la corrupción: ni grande, mediana o pequeña.
Aracely Alejos Manrique
