Las investigaciones respecto al caso #LavaJuez, corren un importante riesgo, y más aún si el propio ente encargado de investigarlos, quiere acabar con ellas. La cabeza del Ministerio Público, Pedro Chávarry, pretende desestabilizar la valiente labor de Roció Sánchez Saavedra, fiscal de crimen organizado del Callao que dio luz verde a las intercepciones telefónicas que terminaron por destapar la mafia corrupta instalada en el sistema judicial, y en los cuales él también está inmerso.
Ayer se hizo público un oficio de la Fiscalía que ordenaba al fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza iniciar una indagación para determinar la difusión de las escuchas y sancionar a sus responsables. Distintos medios de prensa interpretaron la orden de Chávarry como un intento de persecución a los periodistas que dieron cuenta de la mafia y por ende, callarlos. Sin embargo, horas más tarde dejaron bien en claro cuál es su verdadera intención. Según Chávarry, la Fiscalía debe “garantizar la custodia de los medios probatorios, que está establecida en los reglamentos internos del Ministerio Público, a efectos de garantizar la integridad, legalidad y conservación del materia incautado“. Es decir, dudan, también, de la legitimidad de los audios.
César Romero, periodista en temas judiciales de La República, alertó la oscura maniobra de Chavarry que dejaría libre de polvo y paja a sus “hermanitos”: “Para el fiscal de la Nación, la filtración de los audios pone en duda la «integridad, legalidad y conservación del material probatorio». Si eso se establece judicialmente, como antes sucedió con los Petroaudios, al final todos serán absueltos y cada uno de los magistrados involucrados volverán a sus despachos, a seguir administrando justicia.”.
Y añade que “La norma y la jurisprudencia dicen que si la cadena de custodia se rompe, la prueba se contamina y ya no puede utilizarse en un juicio”. ¿Impunidad a la vista?.
El cañón de Chávarry también apunta al equipo de fiscales de la fiscal Sánchez Saavedra, según información obtenida por el citado medio “al menos tres colaboradores le han pedido protección a la fiscal Sánchez. Señalan que han recibido amenazas directas contra su vida o presiones contra sus familias para que cambien de versión o se retracten. La organización ha empezado a reestructurarse”. La memoria nos hace retroceder 20 años y recordar a su nefasta jefa y exfiscal de la nación, Blanca Nélida Colán, algo le heredó.
Por lo pronto, el fiscal de la Nación seguirá ordenando investigar a fiscales honrados mientras espera tranquilo a que el Congreso se acuerde de denunciarlo constitucionalmente.
F. O. B
