El 31 de octubre del año 2000 se cumplirán 20 años de vigencia de la Ley de Promoción del Sector Agrario, una medida laboral para el sector agrario dictado por el entonces presidente Alberto Fujimori y cuya práctica ha permitido incrementar los ingresos de las empresas vinculadas con beneficios tributarios y a la vez, en contraposición a los trabajadores, se les ha restado derechos.
La mencionada ley debería caducar el 31 de diciembre del 2021; no obstante, los gremios empresariales, entre ellas la Confiep, vienen exigiendo al gobierno la ampliación del mismo argumentando que su aplicación y vigencia han convertido la agroexportación en un motor de inversión, formalización y descentralización».
Por los constantes halagos de los empresarios se podría pensar que esta ley estaría generando desarrollo; sin embargo, la clase trabajadora no lo percibe así. Desde que se aplicó el régimen, el crecimiento del salario promedio en el sector solo fue de 2.9 % lo cual muestra que nunca se llegó a superar al salario mínimo vital.
Para el decano de la Facultad de Derecho de la PUCP, Alfredo Villavicencio, el régimen de promoción agrícola no debió vulnerar los derechos de los trabajadores. «Es un régimen que no respeta ni siquiera el salario mínimo establecido para los trabajadores del país. En segundo lugar, porque la promoción no debe venir en desmedro de los derechos de los trabajadores sino a través de acceso a créditos financieros con mejores tasas de interés, mayor productividad por capacitación. Con una política de fomento y no solo de disminución de derechos», enfatizó.
El último reporte del INEI muestra que el 74.5 % de la PEA agrícola se desarrolla por la agricultura familiar. Eso solo deja un 25 % de la actividad agrícola al cual se le puede aplicar la ley.
Vizcarra a favor continuar con la ley
Vizcarra, al respecto, se pronunció a favor de prorrogar la ley, incluso ya envió una propuesta al Congreso para su “análisis”. «Creemos que ha ayudado mucho el régimen agrario y que debería haber una extensión, pero eso amerita el análisis propio del Parlamento”, manifestó.
C.Q.R.
