La Conferencia Episcopal de Estados Unidos rechazó el plan del Gobierno de Donald Trump de convertir almacenes en centros de detención migratoria y el historial de abusos en las instalaciones de la oficina federal antimigrantes (ICE).
“La idea de retener a miles de familias en enormes almacenes debería ser un escrutinio para todos los estadounidenses”, subrayó un comunicado de los obispos del país del norte.
Los purpurados se han opuesto a extender la detención a miembros de la familia de la persona intervenida, debido a sus efectos perjudiciales, especialmente cuando se trata de niños.
El presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU, Brendan John Cahill de Victoria, sostuvo que “independientemente de su estatus migratorio, son seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, y este es un punto de inflexión moral para nuestro país”.
Indicó que el plan antimigrantes de Trump “pretende duplicar» la capacidad federal de detención migratoria al destinar unos 38.300 millones de dólares del proyecto de ley de reconciliación del año pasado para implementar otro modelo de detención para finales de 2026.
Esto “equivale a casi 50 veces el presupuesto anual de todo el sistema de tribunales de inmigración y a casi cinco veces los fondos asignados este año para operar el sistema penitenciario federal”, precisó.
Monseñor Cahill dijo que el plan prevé la apertura de al menos ocho “megacentros”, cada uno con capacidad para albergar entre 7.000 y 10.000 personas. “Aparte de los campos de internamiento utilizados para encarcelar a inmigrantes japoneses en la década de 1940, estas instalaciones no tienen precedentes en la historia de Estados Unidos”, señaló.
El New York Times informó el miércoles que se busca adquirir una veintena de centros de detención con el objetivo de alcanzar un total de 92.600 camas. Se espera construir instalaciones en Georgia, Maryland, Pensilvania, Texas, Misuri, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Tennessee y Utah, apuntó.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia federal responsable de aplicar la ley migratoria, lo calificó como un “requisito necesario” para sus operaciones de vigilancia y arresto en 2026, tras la contratación de 12.000 agentes adicionales. La apertura de todas las nuevas instalaciones está prevista para el 30 de noviembre.
La Iglesia estadounidense considera las medidas “profundamente preocupantes”, ya que el gobierno federal “no tiene un historial positivo en la detención de grandes cantidades de personas, especialmente familias, y la magnitud de las instalaciones propuestas es difícil de comprender. El sector penitenciario privado sería el mayor beneficiado de este aumento en la detención de inmigrantes», agregó.
Cahill insta a los poderes Ejecutivo y Legislativo de EEUU a actuar “con rectitud, abandonen este mal uso de los fondos públicos y adopten un enfoque más justo en la aplicación de las leyes migratorias que respete verdaderamente la dignidad humana, la santidad de las familias y la libertad religiosa».
