El expresidente Pedro Castillo cumple una condena de 11 años y 5 meses de prisión tras ser hallado culpable del intento de autogolpe que sacudió al país en diciembre de 2022. La justicia peruana valoró los hechos como un grave atentado a la democracia, aunque la sentencia fue menor a los 34 años que solicitó la Fiscalía. Este veredicto marca un antes y un después en la impunidad política y en la salvaguarda del orden constitucional nacional.
El proceso judicial que culminó con esta sentencia se extendió por más de ocho meses con múltiples controversias durante el juicio oral. La Fiscalía acusó a Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación grave de la tranquilidad pública. Sin embargo, la pena resultante fue ajustada al analizarse la figura delictiva de conspiración para la rebelión, en vez de rebelión directa, lo cual implicó una reducción significativa del tiempo en prisión.
Castillo protagonizó la polémica decisión de disolver el Congreso, intervenir el Poder Judicial y declarar un toque de queda nacional, acciones que fueron rechazadas por las Fuerzas Armadas y desencadenaron su rápida captura. Durante el juicio, el expresidente intentó desligar a otros exfuncionarios, subrayando que asumió la responsabilidad total de su anuncio y calificándolo como un «clamor popular» más que un golpe de Estado. Definió su accionar desde una perspectiva de defensa ante un contexto de crisis política y señaló que el juicio en su contra tenía tintes políticos.
La sentencia, considerada por algunos sectores como ejemplar y por otros como polémica, ha reavivado el debate sobre la justicia y la estabilidad democrática en Perú. Además de Castillo, su exministra Betsy Chávez (11 años de prisión) y Aníbal Torres (6 años de prisión) también fueron sentenciados, reflejando la magnitud de las repercusiones políticas y sociales del incidente. La respuesta popular y política a la condena continúa siendo un foco central en la agenda nacional.
