Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.: -N°-4654-
La extracción ilícita de minerales genera ingresos multimillonarios que, en lugar de financiar servicios esenciales como la sanidad y la educación, acaban en los bolsillos de una élite minera. Estos líderes, lejos de velar por los trabajadores, emplean esos capitales para fortalecer estructuras de corrupción y sistemas políticos paralelos. Más que un gesto hacia la comunidad, esta nueva prórroga es un acto de corrupción política diseñado para comprar apoyos y movilizar bases con dinero negro. En consecuencia, La industria minera ilegal genera ganancias colosales que no llegan al bienestar público (hospitales, escuelas), sino que son monopolizadas por un pequeño círculo de líderes inescrupulosos. Estos individuos emplean dicho capital para blindar redes de corrupción, interferir en las elecciones y reforzar maquinarias políticas opuestas a la democracia. Por ende, la última prórroga otorgada es, fundamentalmente, un acto subversivo para comprar lealtades políticas con fondos delictivos.
El Congreso opera de espaldas a las demandas de un país que exige respeto al Estado de derecho. Los congresistas eluden su responsabilidad con la institucionalidad democrática. En una decisión que pasará a la historia como muestra de sus vínculos con intereses criminales, el Legislativo aprobó una nueva prórroga para la formalización de la minería informal. Esta medida cuestionable evidencia la influencia de grupos de poder vinculados al crimen organizado en el Parlamento. La prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) beneficia directamente a la minería ilegal y sus redes criminales. El Congreso fomenta el crimen bajo el pretexto de la formalización minera.» Una ley que favorece abiertamente a la minería ilegal ha sido aprobada por el pleno. Bajo el cuento de darle otra oportunidad a los trabajadores, las bancadas izquierdistas que dominan el Parlamento han legitimado, una vez más, un sistema que no busca integrar a los mineros en la legalidad, sino perpetuar un poder paralelo que se nutre de dinero negro y de la violencia. La narrativa de ‘apoyo al minero artesanal’ esconde la legitimación de un sistema ilegal que se financia con dinero ilícito. Lo que se presenta como una medida a favor de los ‘trabajadores’, en realidad, alimenta la informalidad y la criminalidad organizada. Las bancadas, cediendo a la presión, han consolidado un poder paralelo sostenido por la economía criminal y la violencia asociada. «El pretexto de la ‘formalización’ es una historia de nunca acabar que solo perpetúa un sistema corrupto y violento.»
La minería ilegal opera con sevicia, empleando la violencia como herramienta de control. Las mafias extorsionan regiones enteras, imponiéndose con dinamita y balas. La violencia y el chantaje son estrategias para manipular el control político del país. Las camorras mineras dictan la agenda nacional mediante la presión y la intimidación. Sobre el financiamiento político y las consecuencias; Votos por dinero: la clara señal de un sistema corrupto y capturado. Los recursos ilícitos financian lealtades políticas y movilizan simpatizantes. No es justicia social, sino poder político manchado por la ilegalidad. La degradación institucional es el precio de ceder ante estos grupos de presión.
El país necesita de instituciones fuertes y valientes frente a la degradación política y la corrupción.
«La corrupción es una enfermedad; la transparencia es la cura». (Atribuida al Surcoreano Ban Ki-moon, exsecretario general de las Naciones Unidas entre 2007-2016)
