Óscar Acuña, hermano de César Acuña ,líder de Alianza para el Progreso (APP) , viene siendo investigado por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias. Según el Ministerio Público, habría recibido sobornos del expresidente del directorio de Frigoinca, Nilo Burga.
La investigación fiscal señala que Acuña Peralta habría intervenido para favorecer a Burga Malca en la obtención de permisos necesarios para operar su planta en Chepén y continuar participando del programa Qali Warma, a cambio de más de S/70.000. Por este motivo, el Ministerio Público realizó un allanamiento en su vivienda y en las de otros cuatro implicados, ubicadas en La Libertad, Áncash y Lima. Además, se solicitó su detención preliminar por siete días; sin embargo, se encuentra no habido.
Para comprender el presunto esquema de corrupción, la Fiscalía retrocede a septiembre del 2022. En ese momento, según su tesis, Nilo Burga estaba preocupado debido a que la licencia de funcionamiento de la planta de Frigoinca en Chepén estaba por vencer. Su inquietud aumentó porque una inspectora de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), identificada como “Roelia”, habría advertido que la planta sería clausurada por una denuncia previa presentada en 2020 ante Indecopi por la Sociedad Nacional de Industrias.
Ante ese escenario, Burga buscó “contactos y protección” que le evitaran el cierre de la planta, afirma la Fiscalía. Aprovechando su vínculo con el investigado Milton Broca Alcántara, le comentó sus problemas con la Geresa y le pidió ayuda. Broca le respondió que tenía un contacto en Trujillo: supuestamente, Óscar Acuña.
Al día siguiente, alrededor de las 11 a. m., Burga acudió al local de APP en busca de Acuña. Durante la conversación, este afirmó tener “un amigo” que podía ayudarlo y llamó, delante de Burga, a Aníbal Morillo Arqueros —también investigado—, quien había sido gerente de Geresa. Los tres se reunieron ese mismo día en una cevichería, donde Morillo aseguró que podía apoyarlo y que se propondría a un inspector imparcial; si la planta cumplía, no tendrían problemas.
Luego de esa reunión, Burga le ofreció entregarle S/50.000 a Morillo cada seis meses para asegurar que no se clausurará la planta. Morillo habría pedido que los pagos se hicieran solo en efectivo.
La Fiscalía considera relevante que tanto Morillo como Acuña sean militantes de APP. Además, Morillo fue designado gerente regional de Salud de La Libertad el 1 de enero del 2023, cuando César Acuña asumió como gobernador regional.
Pagos a Óscar Acuña disfrazados como préstamos
En este marco, la Fiscalía sostiene que Óscar Acuña habría aprovechado la posición de su hermano en el Gobierno Regional de La Libertad y su propia militancia política para influir directamente en Morillo Arqueros. Tras presentarlo con Nilo Burga, habría recibido dinero proveniente de las empresas vinculadas a este último.
Según la carpeta fiscal, la colaboradora eficaz 5-1-2025 reveló que Acuña recibió un total de S/77.000 mediante depósitos que iban desde S/5.000 hasta S/30.000. Estos montos, señala la Fiscalía, habrían sido encubiertos como “préstamos”, pero al no haber sido devueltos, se consideran pagos ilícitos disfrazados.
Según el Ministerio Público, la búsqueda de apoyo y protección por parte de Nilo Lino Francisco Burga Malca habría dado resultados, ya que, pese a que la planta de conservas cárnicas ubicada en el distrito de Pacanga, en Chepén (La Libertad), no cumplía con las condiciones necesarias para mantener vigente su certificación HACCP, continuó funcionando con normalidad.
Detalles del caso
La investigación dirigida por el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta plantea que Óscar Acuña actuó como nexo entre Aníbal Morillo Arqueros y Nilo Burga Malca. Gracias a esta conexión, Burga habría recibido asistencia para resolver los inconvenientes de Frigoinca relacionados con la validación del Plan HACCP y la revalidación de su licencia de funcionamiento.
Además, la Fiscalía sostiene que los pagos atribuidos a Acuña estuvieron relacionados con poner a disposición su contacto y facilitar gestiones o favores en beneficio de los representantes de Frigoinca.
Estas intermediaciones, según el Ministerio Público, derivaron en decisiones sanitarias irregulares que generaron riesgo en la calidad e inocuidad de las conservas cárnicas destinadas a niños y adolescentes en situación de pobreza o pobreza extrema, considerados una población especialmente vulnerable y, por tanto, las principales víctimas de estas supuestas acciones ilícitas.
