Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.-N°-4654-
La democracia peruana está en una situación crítica/vulnerable. La integridad de la democracia peruana pende de un hilo debido a la proximidad de las elecciones de 2026 y la persistente amenaza de la corrupción empresarial, personificada por entidades como Odebrecht. Existe un riesgo latente de que empresas corruptas busquen influir indebidamente en el poder político en Perú durante el ciclo electoral de 2026. Fuerzas mercantilistas como Odebrecht —incluso bajo otros nombres— pueden volver a rondar los pasillos del poder capitalinos y regionales. «Contracorriente» de Willax TV expuso un acuerdo vial inflado que benefició a una empresa constructora de Brasil, demostrando que esta sigue sin castigo en el país.
Más allá de las obras públicas, Odebrecht buscó infiltrarse en todos los niveles del poder político y judicial. Su objetivo es llegar al tablero electoral: candidatos presidenciales, parlamentarios, gobernadores, alcaldes. Y también institucional: fiscales, jueces y hasta policías. El fin es evidente: blindar sus operaciones, garantizar impunidad y seguir extrayendo rentas del Estado peruano.
El alcance de esta advertencia es internacional. Odebrecht perfeccionó su modelo de manipulación electoral a lo largo y ancho de América Latina durante años. La operación Lava Jato en Brasil destapó una vasta red de corrupción, mostrando cómo la empresa Odebrecht (implicada en el caso) financió ilegalmente campañas presidenciales, incluyendo las de Lula da Silva, y sobornó a una parte significativa del poder legislativo y ejecutivo, afectando a un tercio del Senado y casi la mitad de los gobernadores, donde los contratos multimillonarios fueron utilizados como herramienta para fortalecer lazos políticos y garantizar fidelidades.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Odebrecht pagó sobornos por un total de más de $788 millones en una docena de países. El procesamiento de Ollanta Humala en Perú es un ejemplo de cómo estos fondos ilícitos contaminaron el proceso electoral y la administración pública.
El electorado peruano debe ser cauteloso. Es fundamental vigilar a aquellos candidatos sin trayectoria que, impulsados por las encuestas, guardan silencio cómplice ante la impunidad de los corruptos y promueven leyes favorables para empresas cuestionables.
Es imperativo blindar las elecciones de 2026 contra la injerencia de empresas cuestionadas como Odebrecht y sus similares. La democracia peruana no debe permitir que el fantasma de la corrupción empresarial contamine los comicios venideros. Para el 2026, la influencia de redes corruptas en la elección de funcionarios debe ser cosa del pasado.
Existe una equivalencia moral y social entre la corrupción de «cuello y corbata» (mercantilismo procrimen, élites impunes) y las economías ilegales (narcotráfico, minería y tala ilegal). Ambas son igualmente peligrosas para el sistema.
