Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.-N°-4654-
El conflicto en el Ministerio Público, o Fiscalía, ya no es sobre procedimientos, sino sobre quién tiene el poder. Este problema ha escalado a una pugna de poder que se oculta bajo argumentos sin fundamento. El Tribunal Constitucional se ha convertido en un campo de batalla político, ajeno a su rol constitucional. Las disputas internas y la polarización política han secuestrado la función del TC, como lo demuestran las declaraciones de Ernesto Blume. El organismo encargado de interpretar la Constitución está sumido en una «guerra» de facciones, desviándose de sus deberes legales. Existe una grave confrontación en el TC, impulsada por intereses políticos y no por criterios estrictamente legislativos o jurídicos.
La todavía suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no debiera regresar al cargo, pese a la orden del Noveno Juzgado Constitucional que dispone su reposición. A pesar de que una orden judicial exige su reincorporación, Ernesto Blume sostiene que la fiscal suspendida Delia Espinoza no debería volver a su puesto. La acusa de haber incurrido en un accionar infractorio serial y desacatar mandatos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Se le imputa una serie de infracciones y el incumplimiento de las órdenes emitidas por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Es curioso que quien desacata mandatos, ahora se ampare en uno de ellos, ironiza Blume. Cabe subrayar, Blume ironiza sobre la aparente contradicción de que alguien que desobedeció órdenes judiciales ahora use una de esas mismas órdenes a su favor.
Nuestra fiscalía actualmente no opera como órgano técnico, sino como campo de Agramante entre operadores políticos. Campo de Agramante es una expresión que, basada en la literatura (específicamente en el ciclo carolingio), alude a un lugar o situación donde hay una gran confusión, desorden, discordia y enfrentamiento caótico entre múltiples partes (operadores políticos, medios de comunicación, ONG, jueces, fiscales, etc.), sin que prevalezca un orden o propósito común (en este caso, la función técnica de la fiscalía) Se refiere al ideal de una fiscalía que opera de manera objetiva, imparcial y estrictamente apegada a la ley y a procedimientos profesionales, sin dejarse influenciar por intereses políticos o ideológicos. Son personas o grupos que actúan en función de intereses políticos o de poder, más que por principios legales o técnicos. La facción ideológica dominante, también refiere a un grupo con una ideología o conjunto de creencias particulares que ejerce un control predominante o influyente sobre las decisiones y la narrativa del sistema judicial y mediático. Articulando intereses externos […] con operadores internos, que describe la supuesta coordinación entre entidades o personas fuera del país (como la mención a Open Society, una fundación de George Soros que es frecuentemente objeto de teorías conspirativas sobre influencia política global) y actores locales para promover una agenda específica. La captura ideológica, sugiere que las instituciones del sistema de justicia (fiscalía, jueces) han sido infiltradas o controladas por una ideología particular, perdiendo su independencia y objetividad. La alineación sistemática de las decisiones, coberturas y de los silencios, que argumenta que hay un patrón consistente y deliberado en la forma en que se toman decisiones judiciales, se reportan noticias (coberturas mediáticas) y se oculta información (silencios), todo ello sirviendo a la supuesta «facción ideológica dominante».
Y mientras la fiscalía se mantenga capturada, el ciudadano seguirá siendo víctima de un sistema judicial que ya no lo protege, sino que más bien lo castiga de acuerdo con las conveniencias políticas del momento.
