El Gobierno anunció que el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao se extenderá por 30 días calendario más, comenzando el 21 de noviembre de 2025. La resolución se basa en el Decreto Supremo N° 132-2025-PCM, que fue publicado en El Peruano, la publicación oficial del país. Esta decisión fue tomada a raíz del aumento de crímenes y actos violentos que han sido documentados en las semanas recientes.
La Policía Nacional del Perú mantiene el control interno durante la vigencia de la medida, con asistencia de las Fuerzas Armadas. Los mapas del delito, las estadísticas y la inteligencia son los criterios para establecer las áreas de intervención . El decreto establece además la restricción de derechos constitucionales como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal.
De acuerdo con el artículo 4 del Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (DS N° 002-2018-PCM), se requiere que se obtenga autorización anticipada de las autoridades pertinentes para llevar a cabo actividades masivas de tipo religioso, cultural o deportivo. Por otro lado, las actividades que no sean masivas podrán llevarse a cabo sin autorización.
El decreto también estipula que, en los cinco días hábiles siguientes a la finalización de la emergencia, el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) debe presentar al Ministerio del Interior un informe con los resultados alcanzados. Se elevará el documento a la Presidencia de la República, al Congreso y al Poder Judicial con sugerencias para acciones futuras.
Finalmente, se mantienen vigentes medidas complementarias como el control territorial con tecnología satelital, nuevas restricciones en establecimientos penitenciarios y la participación operativa de cadetes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, en un esfuerzo por reforzar la seguridad en las zonas más críticas de la capital.
