El INPE informó que, desde el inicio del estado de emergencia el pasado 21 de octubre, se han llevado a cabo más de 350 requisas en 68 establecimientos penitenciarios del país.
Durante estos operativos se incautaron 79 celulares, 173 accesorios de celulares, más de 500 litros de alcohol fermentado, más de 428 armas punzocortantes y 2 699 gramos de droga.
El jefe del INPE, Iván Paredes Yataco, señaló que estas acciones forman parte de un esfuerzo creciente para erradicar las actividades criminales organizadas que operan desde el interior de los penales. “Estamos siendo implacables en la lucha contra la criminalidad”, declaró la autoridad.
Asimismo, se informó que más de 800 personas han sido intervenidas en las puertas de visita de los penales, y que en esos controles se han incautado 227 celulares, 636 accesorios y 2 433 gramos de droga.
Las requisas se presentan en el marco de una política de “mano dura” en los centros penitenciarios, que busca cortar el flujo de armas, dispositivos móviles y sustancias que facilitan extorsiones, tráfico de drogas y control interno de reclusos. La magnitud de los números —cientos de intervenciones en poco tiempo— evidencia que el sistema penitenciario se encuentra en una fase de intensificación de operativos.
Sin embargo, expertos remarcan que, pese al volumen de requisas, la persistencia de celulares y armas punzocortantes entre reclusos revela un problema estructural: la falta de bloqueo efectivo de comunicaciones en los penales, la sobrepoblación y la insuficiente infraestructura de control.
Queda pendiente que el INPE comunique con transparencia cómo se canalizarán estos operativos hacia cambios estructurales: mejoras en seguridad, medidas para visitas, fortalecimiento de monitoreo interno y una política de reducción del hacinamiento.
