La situación de Betssy Chávez pasó de ser un proceso judicial complejo a convertirse en el epicentro de una crisis política internacional. Su abogado, Benji Espinoza, sostiene que ella fue detenida de manera irregular, lo que abriría la puerta para que México le otorgue asilo. Sin embargo, la falta de un conducto diplomático oficial por parte del presidente José Jerí podría obligarla a permanecer dentro de la Embajada mexicana en Lima, justo cuando el mandatario anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país. Todo esto ocurre mientras se revive el debate sobre la detención de Pedro Castillo y la legitimidad del proceso que ambas figuras afrontan.
La defensa legal de Betssy Chávez dio un giro inesperado cuando Benji Espinoza, quien también representó a Pedro Castillo en los primeros días de su detención, afirmó que la excongresista habría sido “apresada ilegalmente”. Según el abogado, no se respetaron los plazos establecidos por el Tribunal Constitucional para la prisión preventiva, lo que convertiría su reclusión en una medida cuestionable desde el punto de vista jurídico.
Espinoza explicó que este escenario deja abierta la posibilidad del asilo político concedido por México. No obstante, advirtió que el proceso no depende únicamente de la decisión extranjera.
“Si no hay un conducto de parte de la Presidencia peruana, el asilo no puede ejecutarse”, señaló. En la práctica, sin ese aval, Betssy Chávez no podría abandonar el país y, en el peor de los casos, quedaría residiendo temporalmente dentro de la Embajada de México en Lima, generando un impasse diplomático de larga duración.
La tensión escaló aún más cuando el presidente José Jerí anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México, calificando el asilo como un acto de intromisión y señalando que su Gobierno no permitirá decisiones externas que según dijo “afecten la institucionalidad peruana”. Esta decisión deja en un limbo la situación de Chávez, pues sin relaciones diplomáticas no existe vía formal para concretar su salida del territorio nacional.
Del lado mexicano, las autoridades han defendido el asilo como un mecanismo legítimo de protección frente a procesos que consideran “políticamente cargados”. La presidenta Claudia Sheinbaum incluso señaló que la detención de Pedro Castillo «antecedente directo del caso de Chávez» tuvo un carácter “injusto” y que ambos procedimientos deben revisarse bajo estándares internacionales.
Este cruce de posiciones ha reactivado el debate interno sobre la validez de los procesos judiciales emprendidos tras el intento de golpe del 2022. Mientras sectores oficialistas respaldan la postura de Jerí, especialistas advierten que romper relaciones diplomáticas en medio de un proceso de asilo podría repercutir en tratados, inversiones y cooperación bilateral.
El caso Betssy Chávez ya no es solo un episodio judicial: es un detonante político que ha expuesto fracturas profundas entre Perú y México. Entre la acusación de detención ilegal, la discusión sobre el derecho de asilo, la falta de un conducto presidencial y la ruptura diplomática anunciada por José Jerí, el panorama se vuelve cada vez más incierto. En las próximas horas, las decisiones que tome el Ejecutivo serán determinantes no solo para el futuro de Chávez, sino para el rumbo de la relación internacional y el equilibrio político interno del país.
