La medida surge como una respuesta al aumento de asesinatos, extorsiones y amenazas que golpean al sector, y busca presionar al Estado para que adopte acciones concretas frente a la inseguridad que ya ha cobrado varias vidas.
El anuncio fue realizado por empresas de transporte urbano de San Juan de Lurigancho, entre ellas La 50 Transporte Unido del Cono Este, cuyos representantes expresaron su hartazgo ante la falta de medidas efectivas para proteger a los conductores. Reclaman no solo mayor presencia policial en las rutas, sino también la creación de pensiones mensuales para las familias de los choferes asesinados, así como un fondo de apoyo social que reconozca la vulnerabilidad del gremio.
La paralización prevista contempla la suspensión total de servicios y una movilización pacífica que recorrerá las principales avenidas del distrito. Los dirigentes precisaron que no buscan enfrentarse al Gobierno, sino ser escuchados antes de que la violencia continúe escalando. “No queremos más muertos ni promesas vacías”, señalaron en su pronunciamiento, advirtiendo que el Estado ha sido lento y burocrático frente a un problema que ya se ha convertido en cotidiano.
El contexto no es menor. En las últimas semanas, distintos gremios de transporte, en Lima y el Callao, han denunciado ataques y extorsiones que han dejado víctimas mortales. Los transportistas aseguran que cada día se enfrentan al riesgo de ser asaltados o asesinados por negarse a pagar cupos, mientras las respuestas institucionales siguen siendo insuficientes.
La decisión del Cono Este, sin embargo, trasciende la simple convocatoria a un paro. Es una señal de desesperación colectiva y, a la vez, un llamado a que la inseguridad sea reconocida como una emergencia nacional. En un país donde conducir se ha convertido en una actividad de alto riesgo, el reclamo de los transportistas pone sobre la mesa una pregunta urgente: ¿cuántas muertes más serán necesarias para que la seguridad deje de ser promesa y se convierta en acción?
