Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.- N°-4654-
Petroperú es un fracaso del Estado empresario, asimismo una propagación del despilfarro presupuestal. Su crónica más contemporánea es el relato de una negligencia política, esta empresa petrolera está dominada por una administración rígida y, además, sesgada por una doctrina política particular, en lugar de ser gestionada de manera eficiente. Lo más cercano e, inútil lo representó Alejandro Narváez Liceras, (Antabamba; Apurímac, 10 de febrero de 1953) es un doctor en ciencias económicas, docente universitario y político peruano. Fue presidente del directorio de Petroperú desde el 8 de noviembre del 2024 hasta el 17 de octubre del 2025, cargo que también ejerció entre 2003 y 2005. Alejandro Narváez, actualmente -cesado- por la Junta General de Accionistas, tras una gestión que agregó otros US$300 millones al déficit acumulado, fijando la deuda total de la petrolera frisando los US$9 000 millones.
Narváez Liceras, casualmente vinculado a Perú Libre —con antecedentes en Patria Roja—, fue designado por Dina Boluarte en noviembre de 2024. Su paso por Petroperú no dejó sino pérdidas, opacidad y una gestión que confirma el patrón de ineficiencia que caracteriza a los burócratas socialistas en la administración de empresas públicas. Su acertadísima salida fue decidida por los ministros Denisse Miralles (Economía) y Luis Bravo de la Cruz (MEM), “para preservar la estabilidad económica” de la petrolera estatal. Y, aunque no lo precisan así ambos ministros, ¡la estabilidad financiera del Perú! Como fuere, el daño ya está hecho.
Desde que Humberto Campodónico —asesor político y columnista de La República— involucró a Petroperú en la compra de una refinería que supuestamente costaría US$600 millones —y acabó costando diez veces más—, firmó el acta de defunción de la petrolera estatal. Cada gobierno ha preferido mirar al otro lado, emitir bonos, aprobar rescates y mantener la ficción —muy al estilo socialista— de que Petroperú es “una empresa estratégica”. Lo que es estratégico, en realidad, es el clientelismo que permite colocar operadores políticos en su directorio y mantener una planilla sindicalista políticamente activa.
Durante el último cuatrienio, Petroperú ha tenido nueve presidentes de directorio (promedio de cinco meses por gestión). Ello refleja no solo inestabilidad, sino una captura partidaria que impide cualquier planificación seria. El nombramiento de Fidel Moreno Rodríguez —ingeniero industrial, dizque con trayectoria gerencial— podría ofrecer un margen técnico; pero sin autonomía política y sin una reforma estructural, será otro nombre en la lista de fracasos y decepciones.
La cuestión no es solo financiera o la dificultad no es solo económica; es fiscal, institucional y ético. Petroperú compromete, según expertos, el 2 % del PBI; y cada rescate erosiona la capacidad del Estado para invertir en salud, educación y seguridad. La emisión de bonos por US$287 millones en 2024 se diluyó en apenas tres meses. No existe modelo de negocio que resista esta dinámica. No como dogma, sino como diagnóstico. Es insostenible que Petroperú siga siendo mantenida con fondos públicos mientras amasa pérdidas, acumula pasivos y su reputación se deteriora. El Estado debe garantizar energía, no administrar ruinas. Y si el gobierno de José Jerí pretende dejar alguna huella de responsabilidad, debe iniciar esta desinversión estatal con transparencia, firmeza y sentido histórico.
Las empresas públicas deben evitar el sesgo ideológico político. Exigimos entidades que valoren al ciudadano, los fondos públicos y el porvenir. Petroperú nunca fue sostenible. ¡Y cada día que se retrasa su reestructuración, se incrementa y perjudica al Estado por ende a los ciudadanos!
