Rutas de Lima S.A.C., empresa encargada de la concesión vial en varios tramos de la capital, comunicó que cumplirá la disposición de suspender el cobro del peaje en la garita de Santa María del Mar, en la Panamericana Sur, luego de que la Justicia declarara que el cobro era “arbitrario y abusivo”. La empresa tildó el fallo de “ilegal” y advirtió que evaluará acciones legales.
¿Por qué se debió el fallo?
El fallo judicial que ordenó dejar sin efecto el cobro consideró que la tarifa aplicada contravenía el derecho al libre tránsito y exigía una revisión contractual del esquema tarifario de la concesión.
Por su parte, Rutas de Lima había informado que tenía previsto elevar la tarifa del peaje de S/ 6.50 a S/ 7.50 para el año 2024, en tramos de la Panamericana Norte y Sur.
Reacción de la empresa concesionaria
La concesionaria calificó el fallo como un acto de “interferencia en el contrato de concesión” y adelantó que podría recurrir a instancias arbitrales o judiciales para salvaguardar sus derechos. Manifestó su preocupación por el precedente que pueda generar la declaración de la tarifa como “arbitraria e ilegal”.
En su comunicado, Rutas de Lima sostuvo que el aumento de la tarifa estaba condicionado a la cláusula décima de su contrato de concesión, la cual prevé el reajuste anual según inflación y otros costos.
Impactos para los usuarios y para la ciudad
La suspensión del cobro del peaje significa un alivio económico para los miles de conductores que utilizan diariamente la Panamericana Sur, en distritos como Lima Sur y Callao.
Sin embargo, el fallo genera incertidumbre sobre la sostenibilidad del contrato de concesión y sobre los futuros proyectos de infraestructura vial financiados por este modelo.
Autoridades municipales han señalado que están revisando la concesión para asegurarse de que los costos sean justos y no recaigan injustamente sobre los usuarios.
El conflicto entra ahora en una siguiente etapa: la empresa debe decidir si aceptará el fallo o lo impugnará ante arbitraje o el Tribunal Constitucional, lo que podría prolongar la disputa por meses. Los usuarios y las autoridades seguirán atentos a la evolución del caso, que puede marcar el rumbo de las concesiones viales en Lima.
