El Gobierno oficializó el Decreto Supremo Nº 019-2025-JUS, mediante el cual se modifica el Reglamento del Código de Ejecución Penal con el objetivo de reforzar el régimen cerrado especial en los establecimientos penitenciarios del país. La norma fue publicada en el diario oficial El Peruano y lleva la firma del presidente José Jerí y del ministro de Justicia, Walter Martínez.
La medida forma parte de los lineamientos de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, que busca racionalizar el régimen de visitas, fortalecer la disciplina interna y evitar el ingreso de objetos prohibidos. Días antes, funcionarios del Ejecutivo ya habían adelantado que se evaluaban cambios para mejorar el control en penales de alta seguridad.
El decreto establece nuevas disposiciones para las etapas A, B y C del régimen cerrado especial, con restricciones diferenciadas según el nivel de readaptación del interno. En la Etapa A, considerada la más rigurosa, los reclusos solo podrán acceder a dos horas de patio diarias y recibir una visita quincenal de un familiar, bajo condiciones estrictas. La visita será de una hora y se realizará exclusivamente a través de locutorio. Además, se dispone que las celdas permanezcan cerradas de forma indefectible, prohibiendo el tránsito por pasadizos.
En el caso de la Etapa B, se mantiene la vigilancia estricta, pero se promueve un mayor vínculo familiar. Los internos podrán recibir una visita cada dos semanas de hasta dos familiares por consanguinidad o afinidad, incluyendo cónyuge o concubino. La duración de la visita será de dos horas, también mediante locutorio. Asimismo, se autoriza el uso del patio por un máximo de tres horas diarias, entre las 09:00 y las 18:00 horas.
Por último, el régimen de la Etapa C contempla condiciones más flexibles. Los internos podrán salir al patio hasta cuatro horas al día y recibir visitas quincenales de hasta dos familiares, con una duración de tres horas. Aunque se mantiene el uso de locutorio, esta etapa busca facilitar la reinserción progresiva del interno.
Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no ha anunciado si se implementarán medidas complementarias para monitorear el impacto de estas disposiciones en la población penitenciaria. Se espera que en los próximos días se emita una directiva técnica para su aplicación en los centros de reclusión del INPE.
