La designación de Juan Manuel Cavero Solano como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos ha generado una fuerte controversia en el escenario político. Su nombramiento no sólo reaviva viejas denuncias por presuntos delitos cometidos durante su paso por la administración pública, sino que también evidencia los vínculos con el exministro Juan José Santiváñez, figura que dejó el cargo envuelta en críticas por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias.
Según reveló el dominical Cuarto Poder, Cavero arrastra al menos cinco denuncias por distintos delitos contra la administración pública. En 2010 fue denunciado por concusión, un delito relacionado con cobros indebidos en el ejercicio del cargo. En 2013 enfrentó una acusación por abuso de autoridad, mientras que en 2015 se le atribuyó responsabilidad en la nulidad irregular de resoluciones administrativas.
A estos antecedentes se suman dos denuncias más recientes: una en 2021 por colusión con defraudación patrimonial, y otra en 2022 por otorgamiento ilegal de funciones, que fue archivada parcialmente.
Durante su gestión como director de Circulación Terrestre en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entre 2016 y 2018, Cavero fue destituido tras detectarse fallas graves en el sistema de emisión de licencias de conducir. El caso más sonado fue el del supuesto brevete otorgado a una persona invidente, hecho que desató indignación pública.
El actual Ministro de Justicia defendió su actuación y aseguró que no se trató de un acto de corrupción, sino de un error médico en los registros: “No era una persona ciega, sino alguien con miopía que no tenía anotado el uso obligatorio de lentes”, explicó en declaraciones previas.
Entre 2023 y 2024, Cavero se desempeñó como asesor jurídico del Gobierno Regional del Callao, bajo la gestión de Ciro Castillo. Allí fue acusado nuevamente por abuso de autoridad, falsificación de documentos y nombramientos sin cumplir los requisitos legales.
Pese a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, el Gobierno Regional aprobó recursos públicos para costear su defensa legal. Cavero ha asegurado que ese proceso “ya fue archivado”, aunque fuentes cercanas al Ministerio Público afirman que el expediente aún se encuentra en evaluación preliminar.
Analistas y especialistas en derecho coinciden en que la llegada de Cavero al Minjus contradice el discurso de transparencia del Ejecutivo.
El politólogo Enrique Valderrama fue tajante al señalar que su nombramiento “revela la falta de filtros éticos en la selección de altos funcionarios”.
