En el corazón del Asia oriental, Taiwán se ha convertido en un símbolo de resistencia democrática, pluralismo político y libertad de expresión. Mientras la República Popular China refuerza su modelo autoritario -con censura, vigilancia masiva y represión de disidencias- la isla taiwanesa sostiene con firmeza un sistema democrático vibrante, con elecciones libres, prensa independiente y una sociedad civil activa.
Taiwán no solo elige a sus autoridades mediante sufragio universal, sino que garantiza derechos fundamentales como la libertad religiosa, el matrimonio igualitario y la participación ciudadana. Su parlamento debate abiertamente, sus medios critican sin temor, y sus universidades promueven el pensamiento crítico. En contraste, el régimen chino impone una narrativa única, persigue a periodistas, controla internet y castiga cualquier expresión que cuestione al Partido Comunista.
La diferencia no es solo política: es ética. Mientras Taiwán apuesta por el diálogo, la transparencia y el respeto a las minorías, China recurre a la intimidación, la propaganda y la coerción. La amenaza de invasión militar, los ejercicios bélicos en el estrecho de Taiwán y la presión diplomática sobre países que reconocen su soberanía, son parte de una estrategia que busca borrar la identidad taiwanesa del mapa internacional.
En este contexto, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, publicó recientemente un artículo en la edición rumana de Newsweek -la primera vez que un medio de ese país difunde un texto firmado por un alto cargo taiwanés- en el que exhorta a la comunidad internacional a rechazar la interpretación distorsionada de la Resolución 2758 de la ONU promovida por China continental. Lin subrayó que dicha resolución no define el estatus internacional de la isla ni impide su participación en Naciones Unidas o en sus agencias especializadas, como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
En su mensaje, Lin advirtió que Taiwán ha sido excluido durante décadas del sistema de la ONU por la manipulación política de Pekín, pese a que cada vez más países y foros multilaterales -incluido el G7- reconocen la importancia de la paz y estabilidad en el estrecho y apoyan la participación significativa de la isla en asuntos internacionales. Recalcó que, frente a las tácticas de “zona gris” empleadas por los regímenes autoritarios para socavar el orden internacional, la democracia ya no puede darse por sentada. Por ello, insistió en que los países democráticos deben reforzar su resiliencia y trabajar unidos con Taiwán, que combina capacidades diplomáticas, tecnológicas, económicas y de defensa.
Lin también destacó que Taiwán, como pieza clave de la primera cadena de islas, no solo protege la democracia y la libertad, sino que aporta estabilidad económica y liderazgo tecnológico, en especial en la industria de los semiconductores. Recordó además los proyectos de cooperación con aliados a través del “Programa de Países Hermanos”, que incluyen sistemas médicos digitales en Paraguay, infraestructuras energéticas en Esuatini y planes de sostenibilidad en Palaos. Con motivo del 80.º aniversario de la ONU y a solo cinco años de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, pidió a la comunidad internacional que cumpla la promesa de “no dejar a nadie atrás” e integre a Taiwán en los esfuerzos globales por un futuro más pacífico y sostenible.
Taiwán no es una “provincia rebelde”, como insiste Pekín. Es una democracia funcional, con una economía sólida, una cultura propia y una ciudadanía que ha elegido vivir en libertad. Su existencia incomoda al totalitarismo porque demuestra que hay otro camino: uno donde el poder se somete al voto, y no al miedo.
En tiempos de polarización global, defender a Taiwán no es solo una cuestión geopolítica: es un acto de coherencia con los valores universales. Porque si la democracia puede florecer frente a la amenaza, entonces aún hay esperanza. Y Taiwán, con su valentía cívica, nos lo recuerda cada día.
