Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.-N°-4654-
El pleno del Congreso aprobó recientemente a treinta años como mínimo a quienes cometan este tipo de delito. Una reforma que fue aprobada por unanimidad, 106 votos a favor. El dictamen recaído en los proyectos de ley 9110,9129 y 9149, que modifica los artículos 108-C y 108-D del Código Penal, Decreto Legislativo 635, para fortalecer la lucha contra el delito de sicariato. La propuesta fue exonerada de una segunda votación. De esta manera el sicariato, ha aumentado las penas de cárcel a 30 años y hasta cadena perpetua en casos agravados. Era, en parte, lo que la ciudadanía reclamaba y exigía ante la creciente tendencia de delincuencia organizada que tiene en preocupación, angustia, ansiedad, e intranquilidad a los ciudadanos.
Hay que resaltar las sanciones son más duras para quienes ordenen crímenes, incluso desde las cárceles, y castiga con mayor severidad a autores, intermediarios y reclutadores de adolescentes. No obstante, ahora falta que el Ejecutivo promulgue la ley.
Como se indica párrafos arriba, la reforma modifica los artículos 108-C y 108-D del Código Penal (Decreto Legislativo 635) y busca endurecer las penas para fortalecer la lucha contra el sicariato. La nueva redacción establece: “El que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de treinta años”.
Semejantes penas se impondrán a quien ordena, encarga o actúa como intermediario. De igual forma, se establece la cadena perpetua si se emplea a un menor de edad o a un inimputable para cometer el crimen. Muchos de estos delincuentes no tienen reparo en utilizar menores para sus fechorías. Los asesinos a sueldo, el “sicariato” es uno de los delitos más graves y con mayor crecimiento en el país. Según datos de la Policía Nacional y el INEI, los homicidios ligados al sicariato han aumentado dramáticamente, con un promedio de tres asesinatos por encargo diarios en 2024, indicó el presidente de la Comisión de Justicia, congresista, Flavio Cruz, al fundamentar la propuesta.
Sufrimos una situación de extrema gravedad en cuanto a inseguridad ciudadana. Esto se recrudeció con el ingreso masivo, desde hace una década, de delincuentes extranjeros, principalmente venezolanos. Según la PNP, los homicidios este año ya superan las 1,200 víctimas, y Lima concentra casi la mitad de los casos. Además, ocho de cada nueve detenidos por sicariato son menores de edad.
El parlamento ha hecho bien en resolver el problema, aunque es válido preguntarse si endurecer penas será suficiente si no se abordan también las carencias institucionales de quienes deben combatir estos delitos.
Simultáneamente el ministro del Interior, Carlos Malaver, fue interpelado en el Congreso para responder un pliego de 22 preguntas sobre la seguridad ciudadana. Durante el debate, recibió duras críticas y algunos respaldos. La polémica parlamentaria, Patricia Chirinos (Renovación Popular) lo calificó como un funcionario “sin rumbo, sin plan y sin coraje”, y denunció la ausencia de una estrategia de seguridad, el abandono de comisarías y la compra de vehículos de lujo por más de 17 millones de soles.
El legislador, Diego Bazán, de la misma bancada, alertó sobre el ingreso sin control de dinamita en La Libertad. Su colega, Francis Paredes (Perú Posible) reclamó falta de policías en Ucayali y exigió una escuela de oficiales en la zona. El congresista, Alfredo Azurín (Somos Perú) pidió darle una oportunidad al ministro, mientras el parlamentario, Elvis Vergara (Acción Popular) exigió una reingeniería total del sector.
Con esperanza esta pestilencia criminal termine por completo y de forma total.
