Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: -N°. -4654-
Las economías ilegales, también conocidas como economías, subterráneas, sumergidas u ocultas son operaciones ilícitas, ejecutados por redes estructuradas que actúan en alianzas con la brutalidad, agresión y la -corrupción- Asimismo, son actividades ilegales, porque no están registradas legalmente y, lo realizan para eludir impuestos al erario nacional; entre ellos están, la minería ilegal, el narcotráfico, la prostitución y tratas de personas; con el objetivo de obtener beneficios financieros o materiales. Evidentemente funcionan aliándose con gente perversa, vil o -corrupta- en los ámbitos estatal, policial, judicial, político o aduanero, aprovechando la precariedad institucional, el abandonamiento y negligencia de fronteras, precisando sus acciones a través de testaferros, empresas pantalla, blanqueo de capitales, lavado de activos, donaciones encubiertas, defectos y vacíos de la legislación, poca fiscalización y control del movimiento de dinero ilegal, alta informalidad y una inmunidad desproporcionada.
De acuerdo con lo informado de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), las 5 economías ilegales que más afectan nuestro país son: la minería ilegal de oro (US$4,000 millones anuales), trata de personas (US$1,300 millones), tráfico ilícito de drogas (US$1,200 millones), tala ilegal de madera (US$880 millones) y extorsión (US$750 millones). Le siguen contrabando, pesca ilegal, tráfico de terrenos, piratería (software) y tráfico de flora y fauna silvestre, ocasionándonos pérdidas económicas anuales que bordean los US$10,000 millones, equivalentes a entre 3 % y 4 % del PBI.
Las economías ilícitas significan un grave peligro para nuestro país, ocasionan enormes ingresos económicos ilegales para financiar sus actividades criminales. Dichos recursos ilícitos no son detectados en el sistema bancario y financiero, distorsionan la economía, generan competencia desleal, quitándole incentivos a empresas legales y destruyendo el medio ambiente. -EN LA POLÍTICA, PUEDEN PENETRAR AL CAMPO POLÍTICO CREANDO PARTIDOS, INCLUYENDO CANDIDATOS EN LA LISTA PARLAMENTARIAS-, financiando campañas, negociando con candidatos ganadores y otros mecanismos que distorsionan la representación política, para que respondan directamente a sus intereses, buscando la continuidad del delito y el refuerzo de la impunidad.
Pero lo más preocupante es que afectan nuestra seguridad nacional, estabilidad social y la democracia. Son aliadas al crimen organizado, promoviendo el desborde criminal que tanto nos está afectando, desencadenando olas de violencia y criminalidad con asesinatos, extorsiones, sicariato, ajuste de cuentas, secuestros y otros delitos. Por tal motivo, el último Índice Global de Crimen Organizado nos posiciona en el sexto lugar entre los países con mayor criminalidad en Sudamérica.
Desde esta perspectiva, las economías ilegales son cada vez más trascendental en nuestro país, controlan inmensos territorios y sus actividades crecen exponencialmente debido a la incertidumbre política, fragilidad institucional, falta de fiscalización y control, y la alta informalidad que permiten que se infiltren en los niveles de gobierno a nivel nacional. Estas actividades delictivas deben ser enfrentadas con estrategias integrales, eficaces políticas públicas y máximo control, seguimiento y persecución por la Unidad de Inteligencia Financiera, la Contraloría, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Incluso, para combatirlas, debe imponer sanciones más severas y eficientes.
