La medida de fuerza, convocada por comunidades y organizaciones locales, ha generado el bloqueo de la vía férrea en el sector de Corihuayrachina (km 88), interrumpiendo el transporte de trenes entre Ollantaytambo y la ciudadela inca. Turistas nacionales y extranjeros permanecen varados y muchos de ellos han optado por continuar el recorrido a pie ante la falta de movilidad.
El origen del conflicto está en la disputa por el transporte hacia Machu Picchu. Los manifestantes exigen que se permita la operación de 18 buses de la empresa San Antonio de Torontoy, como parte de un plan de contingencia impulsado por la Municipalidad Provincial de Urubamba, luego de que venciera el contrato de la concesionaria Consettur. Denuncian que esta última compañía bloquea la entrada de nuevos operadores para mantener el control del servicio.
La protesta ya tiene consecuencias graves: cerca del 40% de las reservas turísticas en el distrito han sido canceladas y las pérdidas ascienden a más de un millón de soles diarios, lo que en tres días representa más de tres millones de soles para el sector. Hoteles, restaurantes, artesanos y guías turísticos son los más afectados, mientras la incertidumbre crece sobre la sostenibilidad de la actividad económica local.
La crisis también ha despertado alertas a nivel internacional. La organización New7Wonders, que otorgó a Machu Picchu el título de una de las Nuevas Maravillas del Mundo, advirtió que el reconocimiento podría perderse si no se toman medidas urgentes para garantizar un manejo responsable del turismo. Además, los gobiernos de Australia y Canadá emitieron advertencias de viaje ante el riesgo de bloqueos y suspensión de servicios en la zona.
Desde Cusco, el presidente de la Cámara de Turismo de Cusco (CARTUC), Carlos González, pidió a las autoridades locales y nacionales dejar de lado intereses políticos y asumir con responsabilidad la solución del conflicto, al que calificó de “meramente comercial”.
Mientras tanto, los trenes continúan suspendidos y la huelga indefinida sigue en pie, afectando no solo a los visitantes, sino también a la comunidad de Machu Picchu Pueblo, que depende casi por completo de la actividad turística.
