La sala condenó este miércoles 3 de septiembre al expresidente Alejandro Toledo Manrique a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de lavado de activos agravado, en el marco del denominado caso Ecoteva. Se trata de la segunda sentencia firme contra el exmandatario, quien actualmente cumple una condena de 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur, relacionado con la empresa brasileña Odebrecht.
Durante la lectura del fallo, el tribunal explicó que se logró probar que Toledo utilizó su alto cargo en el Poder Ejecutivo para concertar con representantes de Odebrecht la adjudicación del proyecto IIRSA Sur (Carretera Interoceánica) a cambio de pagos ilícitos, los cuales fueron canalizados a través de empresas creadas en el extranjero. En palabras del colegiado:
“El acusado concertó con Odebrecht la adjudicación de la IIRSA a cambio de un pago económico a través de empresas constituidas en el extranjero, para luego ser transferidos e ingresados al sistema financiero con apariencia de legalidad, siendo utilizados para la adquisición e hipotecas de los bienes, materia de condena”.
La sala también determinó que esta nueva condena no se sumará a la pena ya impuesta en el caso Interoceánica, sino que se ejecutará de manera paralela a partir del 17 de octubre de 2024, fecha establecida en la resolución judicial.
Asimismo, el tribunal confirmó que Toledo tuvo participación directa en la creación y uso de empresas offshore en Costa Rica, mediante las cuales canalizó alrededor de 5,1 millones de dólares provenientes de actos de corrupción. Según lo acreditado, dichos fondos fueron utilizados para la adquisición de inmuebles y el pago de hipotecas en Perú, lo que, a juicio de la Fiscalía, tenía como objetivo dar apariencia de legalidad al dinero de origen ilícito.
Al respecto, el fallo sostuvo lo siguiente:
“La complejidad de las transacciones, el uso de personas jurídicas y la reinversión de capitales demuestran el conocimiento y la voluntad del acusado en el manejo de dinero de origen ilícito”.
En cuanto a Eliane Karp, quien actualmente no se encuentra en el país, la Fiscalía ha solicitado una pena de 16 años de prisión. Se recuerda que se encuentra en calidad de reo contumaz, por lo que su juzgamiento ha quedado en reserva, y se ha ordenado reiterar las órdenes de ubicación y captura a nivel internacional.
El colegiado también descartó la versión de la defensa, que sostenía que los fondos provenían únicamente de bienes del empresario Josef Maiman. Por el contrario, se concluyó que el propio Toledo intervino activamente en la constitución de las sociedades a través de las cuales se canalizaron los recursos investigados.
