Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.- N°-4654-
El informe más reciente del Índice de Corrupción e Inconducta Funcional INCO 2024, una medición desarrollada por la Contraloría General de la República del Perú para evaluar el riesgo de corrupción en entidades públicas, indudablemente, sin lugar a dudas: el Estado peruano está en decadencia, descompuesto desde sus bases. El 99% de las entidades públicas presenta riesgos de corrupción. Esta cifra no solo es inmoral, también pervertida, que nos conlleva a una declaración de insolvencia y bancarrota. En otra frase, “una quiebra moral e institucional”, sin duda desde sus inicios.
Burócratas que entran al sector público es para realizar enriquecimiento torticero, lucro ilícito, o corrupción, y roban directamente al pueblo, especialmente a los millones de vulnerables que viven en extrema pobreza. Porque cuando se roban los recursos del Estado, no se roban “fondos”, se roban, agua potable, libros de escuelas, camas de hospital, vacunas y sin piedad se roban futuro y dignidad.
Hemos dejado de hablar de casos aislados. -Hablamos- de una maquinaria perversa que se ha normalizado. Universidades, ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, empresas públicas: nadie se escapa. Desde sus comienzos el llamado Seguro Social, ahora, EsSalud hasta las municipalidades más pequeñas, lo que vemos es una red de funcionarios que han hecho del Estado su negocio personal, sin importarle la salud, la vida de sus asegurados, asimismo designaciones sin perfil, contrataciones a dedo, proveedores impedidos, control interno inexistente. Y lo peor: las recomendaciones para corregir estos vicios son ignoradas con total descaro. Pero ello no exime que estos funcionarios, burócratas sean calificados como miserables estiércoles de la sociedad.
La corrupción ya no es una enfermedad del sistema: es el sistema. Esta disfunción estructural ha convertido al Estado en una fuente de enriquecimiento para mafias disfrazadas de autoridades. Y lo hacen con impunidad. ¿Quién los detiene? ¿Quién los fiscaliza? ¿Quién se atreve a sancionarlos cuando muchos de los órganos de control también están cooptados?
El Estado está secuestrado. Mientras tanto, la ciudadanía sufre las consecuencias injustamente con servicios paupérrimos y promesas vacías. Los más afectados son los que menos tienen. En un país donde más del 30% vive en situación de pobreza, cada sol robado es un crimen.
¡Basta! No se puede seguir ignorando. Este informe de la Contraloría no puede ser una estadística más archivada en algún escritorio. El INCO, que es una medición desarrollada por la Contraloría General de la República del Perú para evaluar el riesgo de corrupción en entidades públicas, no se debe omitir por ninguna institución llenos de burócratas. El Congreso debe actuar, la Fiscalía debe actuar, la sociedad civil debe exigir y no permitir ser una bomba política y social, porque si nada cambia, el Perú está condenado a repetir su historia de frustración o descalabro.
Ya llegó el momento propicio de aplicar una purga institucional. No más evasivas ni menos excusas. No más “errores administrativos”. El que roba al Estado debe ir preso y no volver jamás a ocupar un cargo público. Hay que depurar el padrón de proveedores, prohibir designaciones sin meritocracia, y cortar la cadena de impunidad.
Despierta ciudadano, es la realidad para quienes aún creen que se puede “gobernar” sin ética. Cabe subrayar no hay democracia posible con un Estado colapsado por la corrupción. No hay desarrollo posible si quienes gobiernan solo piensan en saquear.
El Perú merece algo mejor. Pero no lo tendrá mientras los miserables que entran al Estado solo piensen en cuánto pueden robar. Robarle al Estado es robarle al pueblo. Y eso, en un país con hambre, debe ser considerado el crimen más reprobable y malvado.
