Primero, esta semana, amplios sectores rurales y urbanos han sido afectados tras múltiples bloqueos anunciados por la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú. Varias vías nacionales permanecen intransitables, interrumpiendo el tránsito terrestre de pasajeros y mercancías.
Asimismo, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) detalló que actualmente hay al menos siete piquetes activos en zonas clave como Nasca, Ocoña, Chala, Quiruvilca, Capacmarca y Chamaca. Las interrupciones se deben al rechazo de los mineros informales a la suspensión del Registro Integral de Formalización Minera, programada para el 31 de diciembre de 2025.
Por otro lado, la situación ya empieza a generar consecuencias económicamente severas. El presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, Carlos Lozada, expresó que “son 700.000 litros de leche, equivalentes a 3 millones y medio de raciones para prácticamente todo el universo escolar, lo que se convierte en una afectación importante a la seguridad alimentaria nacional”. Según el especialista, de no levantarse los bloqueos, el acopio lechero podría colapsar.
Del mismo modo, los choferes y viajeros han denunciado episodios de hostilidad en zonas como Nasca, donde incluso se registró el lamentable fallecimiento de un conductor que cayó al borde de un barranco tras maniobrar su unidad entre los vehículos detenidos. Además, cientos de pasajeros varados relatan la falta de agua, alimentos y servicios durante días.
Finalmente, el Ejecutivo ha instado al diálogo, especialmente el ministro del Interior ha señalado que la Policía actuará dentro del marco legal y respetando los derechos humanos, mientras el Congreso debate una posible modificación de la Ley MAPE para atender demandas del sector. No obstante, los mineros artesanales advierten que radicalizarán las protestas si no se retoma el proceso de formalización.
