El fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, presentó esta semana una nueva imputación penal contra Fujimori Higuchi por los presuntos delitos de lavado de activos agravado, falsedad genérica y falsa declaración. La acusación también alcanza a varios dirigentes del partido y personas vinculadas, como Pier Figari, Ana Herz, José Chlimper y su exesposo, Mark Vito Villanella, además de las personas jurídicas Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S.A.C.
Según el Ministerio Público, Fujimori habría liderado una red que simuló aportes económicos mediante cócteles y eventos proselitistas durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016. La Fiscalía sostiene que, detrás de estas actividades, se ocultaron fondos ilícitos provenientes de empresas como Odebrecht.
Esta nueva acusación llega meses después de que el Tribunal Constitucional anulara una anterior, al detectar irregularidades en la formulación de los cargos. En esta ocasión, la Fiscalía reformuló el expediente para continuar con el proceso.
En paralelo, se ha solicitado el sobreseimiento total para 19 investigados y parcial para otros dos, lo que implica el archivo de cargos en sus respectivos casos.
Cabe recordar que Fujimori ya enfrentó prisión preventiva entre 2018 y 2020 por esta investigación. Ahora, la acusación será sometida a control judicial para determinar si pasa a juicio oral.
Mientras tanto, la excandidata presidencial ha retomado su actividad política. En junio lanzó el podcast “Konfesiones” y ha dejado abierta la posibilidad de no postular en las elecciones de 2026, sin descartar delegar la candidatura a otro dirigente de su agrupación.
“Para lograr consensos hay que dejar de lado las prioridades personales”, declaró durante un evento empresarial en España. Aunque no ha revelado nombres, aseguró que mantiene conversaciones con otras fuerzas políticas.
Si el caso avanza y las acusaciones son validadas por el Poder Judicial, Fujimori podría enfrentar la condena más severa solicitada en su contra hasta la fecha, en un proceso que continúa marcando la agenda política y judicial del país.
