La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, el lunes 1 de julio, aprobó, con 11 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, admitir a trámite una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza y los demás miembros de la Junta de Fiscales Supremos. La medida responde a su negativa de ejecutar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenaba la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.
La denuncia fue presentada por la bancada de Renovación Popular y respaldada por congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Podemos Perú y Honor y Democracia. Entre los denunciados también figuran los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, quienes se habrían negado a firmar el acta que permitiría el retorno de Benavides al cargo.
Según el informe aprobado, los magistrados habrían incurrido en los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad, así como en la infracción de los artículos 43, 45, 139.2 y 154.3 de la Constitución. Aunque inicialmente se consideró incluir el delito de usurpación de funciones, este fue descartado por no corresponder a delitos de función en este contexto.
La denuncia fue admitida sin debate previo y será remitida a la Comisión Permanente del Congreso, que tendrá un plazo de hasta 15 días para decidir si se abre una investigación formal. De ser así, podría iniciarse un juicio político que derive en la inhabilitación de los fiscales involucrados.
Desde el Ministerio Público, Delia Espinoza ha sostenido que no hubo desobediencia, sino una defensa de la autonomía institucional. En declaraciones previas, afirmó que “la JNJ no es superior al Ministerio Público” y que la Junta de Fiscales Supremos no ha revocado su designación como fiscal de la Nación.
La controversia se produce en medio de una creciente tensión entre el Congreso, la JNJ y el Ministerio Público, tras la decisión de restituir a Patricia Benavides, quien fue destituida en 2023 por presuntas faltas graves. La renuncia de la secretaria general de la JNJ, Giovanna Díaz, ha sido utilizada por la defensa de Espinoza como argumento para cuestionar la legalidad de la resolución que ordenó la reposición de Benavides.
