El ex presidente Pedro Castillo seguirá recluido en el penal de Barbadillo, luego de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia desestimara la solicitud de su defensa para poner fin a su prisión preventiva de 18 meses. Esta decisión, emitida el 25 de junio de 2024, reafirma la gravedad de los cargos que enfrenta, que incluyen rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público.
La prisión preventiva fue impuesta el 5 de julio de 2024, tras el intento de Castillo de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, un hecho que se considera un intento de golpe de estado. A pesar de que su defensa argumentó que había nuevos elementos que podían influir en la decisión, el tribunal concluyó que no existía justificación suficiente para cambiar la medida.
El Poder Judicial subrayó que los delitos que se le imputan son de alta gravedad y que el riesgo procesal se mantiene vigente. Durante las audiencias, se han registrado tensiones entre la defensa y los magistrados, reflejando un ambiente judicial complicado. Castillo ha negado las acusaciones, alegando que su arresto fue parte de un plan orquestado para sacarlo del poder.
La defensa insistió en que los fiscales que participan en el caso carecen de legitimidad, lo que podría afectar el debido proceso. Sin embargo, el Juzgado reafirmó que los fiscales adjuntos están cumpliendo con su función constitucional y legal.
Con el rechazo de esta solicitud, el proceso judicial de Castillo continúa avanzando, con audiencias periódicas que mantienen en el centro de atención política y mediática la situación del exmandatario.
