Por: Alejandro Marco Aurelio Capcha Hidalgo
Periodista: Reg.: -N°-4654-
El adoctrinado y complaciente órgano capacitador para solventar estudios académicos, para algunos jueces y fiscales, como la Organización No Gubernamental (ONG), del Instituto de Defensa Legal IDL, quien dirige el Tótem, Gustavo Gorriti Ellenbogen, que presuntamente manipuló al adiestrado juez supremo de Investigación Preparatoria, Segismundo León Velasco, quien suspendió por 24 meses a Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema y, de la Nación, por “conjeturas y suposiciones” que, para este “Letrado, sesgado ideológicamente”, abundaron sospechas para separar a la Dra. Patricia Benavides Vargas.
Este juez supremo de Investigación Preparatoria, Segismundo León, tiene un pasado controversial por liberar a la terrorista, Nancy Gilvonio Conde, esposa de Néstor Cerpa Cartolini, ambos pertenecientes al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), grupo considerado como terrorista por la Dirección contra el terrorismo, Dircote.
Tal acontecimiento desarrollado en express, por el letrado Segismundo León, este 25 de junio de 2025, nos retrotrae a la famosa -Frase- del distinguido jurista y docente universitario, peruano, cajamarquino Mario Alzamora Valdez, que, desde el año 1931 ejerció la docencia en la Universidad de San Marcos y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica, el cual manifestaba a sus estudiantes: “Si ustedes, en una situación real, encuentran una evidente contradicción entre el “Derecho y la Justicia” ¿Cuál elegirían? Los catedráticos de una universidad prestigiosa en España, concluyeron que, en el Derecho Constitucional era inviable que existiera esa contradicción.
Cabe resaltar, que, en el Derecho no podía ser arbitrario o ilegal. Si en algún momento su aplicación lo parecía, era solo un problema de interpretación incorrecta.
En concordancia, insistieron en que la Constitución debía interpretarse considerándola una sola unidad, conforme a sus principios y no a la simple literalidad del precepto, pues, al final del día, debe prevalecer el principio de interdicción de la arbitrariedad. Esto es: no pueden aplicarse las normas sabiendo que el resultado es contrario al sentido común, a lo que nuestra formación jurídica básica entiende como abuso, injusticia, prepotencia.
Por consiguiente, cuando la misma Junta Nacional de Justicia JNJ, que sancionó arbitrariamente a una fiscal suprema que había sido elegida por sus pares como Fiscal de la Nación corrige el error de oficio, no cabe argumentar en contra de la víctima el que tuvo el atrevimiento de presentar una demanda de amparo, por lo que, supuestamente, habría que esperar meses o años para contar con una sentencia firme en ese proceso. Es un conocido axioma que, cuando se ejerce control jurídico de una violación de un derecho fundamental, no basta la simple resolución declarativa, sino que debe retrotraerse la situación al estado anterior a la violación del derecho, pues la injusticia no puede quedar en ventaja.
Ciertamente, procede el debate, si se le repone en el mismo cargo que tenía, Fiscal de la Nación, o solo como fiscal suprema; para eso, nuestro sistema jurídico ofrece una gama de posibilidades. Pero, para vergüenza de un país desilusionado de su clase dirigente, la señora que ocupa el cargo electivo decidió desacatar la resolución del organismo que constitucionalmente está habilitado para sancionar o reponer jueces y fiscales; es más, desconoce lo resuelto por la JNJ y encarga a sus abogados —algunos relacionados con Odebrecht— tejer una serie de argumentos forzados, una suerte de alquimia legalista, para tratar de eximirse de su responsabilidad funcional, de su compromiso como garante de la legalidad.
Indudablemente, que el problema no es de interpretación o de comprensión del Derecho, ni siquiera de celos y resentimientos. Detrás de bambalinas están los operadores de la ONG que amañan y manipulan la administración de justicia desde hace un par de décadas, obteniendo, desde esa trinchera oculta, el poder político que usa luego para encumbrar o destruir a políticos, funcionarios y empresarios. Hay que subrayar, el lío del Ministerio Público no es causado por los fiscales, sino por activistas que ejercen el poder político sin ninguna legitimidad democrática, influyendo de manera indebida (adulterando o manipulando) para que su fiscal preferida Delia Milagros Espinosa Valenzuela, quien logró una victoria pírrica.
