La mañana del lunes 23 de junio, la crisis institucional en el Ministerio Público alcanzó un nuevo punto de tensión. La Junta Nacional de Justicia (JNJ), mediante un oficio firmado por la directora encargada de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios, Magnolia Martínez Hidalgo, exigió a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, que reponga en el cargo a Patricia Benavides Vargas en un plazo de un día, advirtiendo que, de no hacerlo, se solicitará el uso de la fuerza pública.
El documento, identificado como Oficio N.° 003080-2025-DPD/JNJ, hace referencia al artículo 3 de la Resolución N.° 231-2025-JNJ, emitida el 12 de junio, que dispone la restitución de Benavides como titular del Ministerio Público. Sin embargo, la fiscal Espinoza ha reiterado en tres ocasiones su solicitud para que la JNJ remita el acta de sesión y el video donde conste que los siete miembros del pleno votaron a favor de anular la destitución de Benavides.
Hasta el momento, la JNJ no ha atendido dichos requerimientos, lo que ha generado dudas sobre la validez del procedimiento. Además, el hecho de que el oficio haya sido firmado por una directora encargada y no por el presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, ha sido duramente cuestionado por juristas y exfiscales, quienes consideran que la funcionaria no tiene atribuciones para emitir una orden de esa naturaleza.
El exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva, vocero del Ministerio Público, calificó la medida como un “grave atentado contra la autonomía del Ministerio Público” y denunció una posible injerencia del Poder Ejecutivo, al señalar que la Policía Nacional del Perú (PNP) ya brinda seguridad a Benavides, mientras que el ministro de Justicia evita referirse a Espinoza como fiscal de la Nación.
Cabe recordar que el pasado 18 de junio, Delia Espinoza presentó una demanda de amparo contra la JNJ, solicitando que se declare la nulidad de la resolución que ordena la restitución de Benavides. La acción aún no ha sido admitida a trámite, pero la defensa de Benavides ya ha solicitado participar en el proceso como litisconsorte.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste en el Ministerio Público, donde para algunos sectores existen dos fiscales de la Nación: una elegida por los fiscales supremos y otra impuesta de facto por la JNJ.
