La propuesta, respaldada por el Concejo Metropolitano en sesión extraordinaria el pasado 5 de junio, plantea que la transferencia se concrete en un plazo máximo de 180 días.
Según el documento, la MML busca asumir la gestión de más de 6.400 colegios públicos, donde estudian más de 2 millones de alumnos y trabajan cerca de 140.000 docentes, así como de más de 300 postas médicas, 20 hospitales y 9 institutos especializados ubicados en la capital. La iniciativa se enmarca en el proceso de descentralización iniciado en 2011, que avanzó en tres fases y fue reactivado en 2023 bajo la actual gestión edil. Sin embargo, la etapa final, denominada “efectivización”, se encuentra postergada, en parte por las leyes de presupuesto de 2024 y 2025, que suspendieron la transferencia de competencias en salud.
“Lima Metropolitana es el único gobierno regional que aún no culmina este proceso, pese a contar con experiencia institucional como el Sisol”, argumenta el municipio en su exposición de motivos. No obstante, la propuesta ha generado preocupación entre especialistas del sector.
El exministro de Salud, Óscar Ugarte, advirtió que la transferencia debe ser gradual y planificada. “Estamos hablando de personal, infraestructura, equipamiento y recursos. No es lo mismo gestionar Sisol que administrar hospitales”, señaló. Ugarte recordó que durante su gestión entre 2008 y 2011, se intentó avanzar en este proceso, pero fue rechazado por el entonces alcalde Luis Castañeda Lossio por su complejidad.
En la misma línea, la investigadora de Foro Educativo, Carolina Neyra, sostuvo que la MML debería iniciar con el nivel inicial y los programas de atención a la primera infancia. “La municipalidad tiene experiencia en cunas y servicios para niños de 0 a 3 años. Ese podría ser un punto de partida para desarrollar capacidades institucionales”, explicó.
Ambos expertos coincidieron en que el plazo de seis meses propuesto por la comuna es insuficiente para una transferencia de esta magnitud, que implica reorganizar estructuras, garantizar continuidad de servicios y evitar impactos negativos en la población.
Además del aspecto técnico, también se ha encendido el debate político. López Aliaga, líder del partido Renovación Popular, ha sido vinculado a posturas conservadoras, como el rechazo al enfoque de género en la educación. Esto ha generado inquietud en sectores académicos y sociales.
El exviceministro de Educación, José Luis Gargurevich, expresó su preocupación por una posible injerencia ideológica en el currículo escolar. “El alcalde no puede decidir qué se enseña en las aulas. El currículo es competencia del Minedu y responde a una política nacional basada en competencias y derechos”, afirmó.
Hasta el momento, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no ha emitido una respuesta oficial. Según el proyecto de ley, será esta entidad, a través de la Secretaría de Descentralización, la encargada de articular las acciones necesarias para ejecutar la transferencia.
