En una decisión unánime, la Corte Suprema respaldó el reclamo de Trina Martin, Toi Cliatt y su hijo, Gabe Watson, quienes fueron víctimas de un allanamiento violento por parte de un equipo SWAT del FBI. Los agentes buscaban a un presunto pandillero, pero se equivocaron de domicilio y causaron daños físicos, psicológicos y materiales a la familia.
El caso se remonta a octubre de 2017, cuando los agentes irrumpieron con armas, usaron una granada aturdidora y esposaron a Cliatt frente al niño de 7 años. Solo después se dieron cuenta del error y se retiraron. Según los registros, el agente a cargo se habría guiado por una dirección equivocada en su GPS. El verdadero objetivo, Joseph Riley, vivía cerca.
El gobierno intentó cerrar el caso invocando la “excepción por función discrecional”, que protege decisiones tomadas en operativos, pero la Corte rechazó ese argumento. El juez Neil Gorsuch señaló que la Ley Federal de Reclamaciones por Agravios (FTCA) obliga al Estado a asumir responsabilidades bajo la misma ley civil que un ciudadano.
“El Congreso ha dejado claro que el gobierno puede ser demandado por acciones negligentes o ilícitas de sus funcionarios”, escribió Gorsuch.
El fallo no determina culpabilidad, pero permite que el caso continúe en el Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito, con sede en Atlanta. Podría sentar un precedente sobre los límites de la inmunidad federal.
“Si la Corte Suprema puede decir que ellos están equivocados, me da toda la esperanza del mundo”, declaró Martin a la agencia AP.
