El proyecto, identificado como Ley 7549/2023-CR, fue respaldado por mayoría con 15 votos a favor, frente a 6 en contra y 3 abstenciones. La medida beneficiaría a quienes hayan sido denunciados, investigados o procesados por delitos relacionados con su participación en ese periodo, siempre que no tengan sentencia firme. También alcanzaría a aquellos con sentencias ya emitidas y en proceso de ejecución.
Durante la sesión, el presidente de la comisión,Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), defendió la iniciativa al señalar que responde a un “acto de justicia y humanidad”, descartando que se trate de una norma que favorezca la impunidad. Sin embargo, el texto ha generado preocupación en sectores políticos y de derechos humanos, debido a la falta de precisión legal y al riesgo de que afecte la búsqueda de justicia en casos de violaciones a los derechos humanos.
Desde la Bancada Socialista, el congresista Alex Flores advirtió que aprobar la medida sin excluir delitos graves como los de lesa humanidad podría abrir la puerta a la impunidad. “No podemos olvidar casos como Accomarca o las fosas comunes en Ayacucho. Las víctimas aún esperan justicia”, afirmó.
Organizaciones civiles como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han manifestado su rechazo al dictamen, advirtiendo que podría debilitar el Estado de derecho y contravenir tratados internacionales firmados por el Perú.
El proyecto todavía debe ser debatido y votado en el Pleno del Congreso. De ser aprobado, marcaría un cambio importante en la política de justicia transicional del país, y podría generar controversias tanto a nivel nacional como en organismos internacionales.
