La medida, duramente rechazada por gremios agrarios y sectores de la oposición, tendría un costo fiscal de S/1.850 millones al año y más de S/20.000 millones entre 2025 y 2035. El dictamen se aprobó con 43 votos a favor, 37 en contra y 17 abstenciones, tras una jornada marcada por maniobras para acelerar su trámite. Apenas minutos antes de la votación, el texto final fue publicado en el portal del Congreso, limitando así el debate.
El respaldo provino principalmente de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Avanza País y Renovación Popular, junto a legisladores de otras bancadas. Perú Libre, Juntos por el Perú, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular expresaron su rechazo.
La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) presentó una reconsideración, que fue rechazada. De este modo, la norma avanza hacia una segunda votación que se definirá en los próximos días.
El presidente de la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, Eusebio Vásquez, advirtió: “Esto no solo es un regalo económico a unas pocas empresas, también es una ley que precariza aún más las condiciones de los trabajadores agrarios”.
