Fiscalía de la Nación impugna norma que criminaliza a adolescentes
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la controvertida Ley 32330, que permite procesar como adultos a adolescentes de 16 y 17 años en casos de delitos graves. La norma fue aprobada por el Congreso y cuenta con el respaldo del Gobierno de Dina Boluarte.
Espinoza denunció que esta medida atenta contra los derechos fundamentales de los menores, socava la autonomía del sistema de justicia y contradice compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia de justicia juvenil.
Es el camino equivocado”, afirma Delia Espinoza
Durante el aniversario 44° del Ministerio Público, Espinoza fue clara:
“Si la criminalidad usa a chicos de 16 y 17, ¿mañana lo hará con menores de 14 o 13? ¿Vamos a seguir bajando la edad penal? Ese es el camino equivocado y debemos corregirlo”.
Para la Fiscalía, la norma representa una “salida fácil” que no resuelve el problema estructural, y que incluso puede conducir a criminalizar a niños aún más jóvenes. Propone, en su lugar, un enfoque de justicia juvenil restaurativa.
Solo el 0.2 % de delitos involucran a adolescentes
El Ministerio Público recuerda que los adolescentes de 16 y 17 años representan apenas el 0.2 % de los delitos registrados. La Fiscalía señala que, pese a que la ley busca permitir castigos más severos, no hay planes claros del Ejecutivo sobre cómo asegurar la rehabilitación e inserción social de estos jóvenes.
Poder Judicial también rechaza la ley
El 25 de mayo, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, anunció que su institución también evalúa interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32330. Advirtió que esta norma pone en riesgo la protección de los adolescentes, y viola principios constitucionales y tratados internacionales sobre derechos humanos.
“Esta medida representa un retroceso peligroso. El país no puede legislar con base en el miedo, sino con justicia y responsabilidad”, declaró.
Tribunal Constitucional tiene la última palabra
El Tribunal Constitucional deberá evaluar si la ley se ajusta a la Constitución. Tiene tres posibles caminos:
Declararla inconstitucional en su totalidad o en parte.
Ratificarla como constitucional.
O emitir una interpretación restringida, que limite su aplicación para proteger el debido proceso de los menores.
Una ley que profundiza el debate entre castigo y prevención
La Ley 32330 ha generado un amplio rechazo en el sistema judicial y en organizaciones defensoras de derechos humanos. Mientras el Congreso y el Ejecutivo justifican la norma como parte de una lucha contra el crimen, expertos advierten que no resolverá el problema de fondo y podría tener efectos irreversibles en miles de adolescentes peruanos.
