El ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja, deberá responder ante el Congreso de la República por la reciente decisión de reducir más de 2.000 kilómetros cuadrados del área protegida de las Líneas y Geoglifos de Nazca, uno de los patrimonios arqueológicos más representativos del país. Diversos congresistas de distintas bancadas han impulsado una moción de interpelación que cuestiona la legalidad y el impacto de esta medida oficializada mediante la Resolución Viceministerial N.º 00128-2025-VMPCIC/MC, la cual modifica el plano perimétrico de la zona arqueológica, reduciéndola de 5.633,47 km² a 3.235,94 km².
Las críticas apuntan a que el sustento técnico de la resolución sería insuficiente y no habría pasado por una revisión rigurosa de colegios profesionales ni expertos en patrimonio. Aunque el Ministerio de Cultura sostiene que la nueva delimitación no afectará la integridad del sitio arqueológico ni sus valores excepcionales, especialistas del Colegio de Arqueólogos del Perú y organizaciones de defensa del patrimonio han manifestado su preocupación. Señalan que, lejos de proteger el legado cultural, esta decisión debilita su resguardo y abre paso a amenazas como la minería ilegal, presente en varias zonas cercanas. Según el Observatorio de Minería Ilegal, la reducción coincide con la ubicación de decenas de concesiones y petitorios mineros, y tras la resolución se han registrado nuevos pedidos de exploración en los sectores excluidos de la reserva.
El pliego interpelatorio presentado incluye además interrogantes sobre la gestión de Valencia en torno a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, entidad que enfrenta denuncias por precarización laboral, falta de personal técnico y una creciente carga operativa en contextos de alta demanda turística. La sobrecarga en la Ciudad Inca de Machu Picchu y la Red de Caminos Inca ha sido reiteradamente advertida por la Unesco como un factor de riesgo para su condición de Patrimonio Mundial. Pese a ello, los esfuerzos del Ministerio por implementar medidas sostenibles y proteger los derechos laborales de los trabajadores de cultura en la región han sido percibidos como insuficientes o desarticulados. La moción también exige explicaciones sobre las políticas adoptadas por su cartera en relación con los pueblos indígenas y la conservación de otros sitios patrimoniales como el Gran Pajatén.
La presentación de esta moción, suscrita por parlamentarios como Edward Málaga, Guillermo Bermejo, Ruth Luque y Jaime Quito, entre otros, ha reavivado el debate sobre el rumbo de la gestión cultural en el país. En caso de ser aprobada, el ministro deberá comparecer ante el pleno para responder un pliego de hasta 26 preguntas. De no obtener respuestas satisfactorias, el Congreso podría iniciar un proceso de censura, sumando un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a la protección del patrimonio nacional.
