Una decisión de una comisión del Congreso ha generado controversia en el ámbito político y ciudadano. La Comisión de Constitución, encabezada por el periodista y exministro del Interior Fernando Rospigliosi, aprobó un dictamen que autoriza a los congresistas a realizar actividades de campaña electoral durante la semana de representación, período en el que deberían enfocarse en recoger las demandas de sus electores y fiscalizar la gestión pública en sus regiones.
¿Qué implica esta modificación?
El dictamen plantea que los legisladores puedan “promover su postulación a la reelección” en el marco de sus funciones de representación. De esta forma, se abriría la puerta al uso de recursos públicos con fines políticos, lo que hasta ahora estaba expresamente prohibido por la ley.
La semana de representación fue diseñada como un espacio para que los congresistas retornen a sus regiones, escuchen a sus comunidades y gestionen mejoras locales, sin fines electorales. Sin embargo, con esta modificación, podrán mezclar la función pública con la promoción personal, situación que ha generado críticas desde distintos sectores.
Fernando Rospigliosi justifica el cambio
Rospigliosi, actual presidente de la Comisión de Constitución, defendió la aprobación del dictamen. Señaló que no se está obligando a nadie a hacer campaña en ese tiempo, pero reconoció que se flexibiliza la restricción que impedía a los parlamentarios buscar su reelección mientras realizaban funciones oficiales. Cabe destacar que Rospigliosi fue ministro del Interior durante el régimen de Alejandro Toledo y, anteriormente, periodista político.
Salhuana anuncia revisión del dictamen
Por su parte, el presidente del Congreso, Salhuana, afirmó que esta medida aún no es definitiva, ya que debe ser debatida en el Pleno. Indicó que se revisará el contenido del dictamen para evaluar su pertinencia, especialmente por el posible conflicto ético entre el uso de fondos públicos y los intereses políticos personales.
Reacciones y cuestionamientos
Distintos analistas y ciudadanos han mostrado su rechazo, al considerar que se estaría institucionalizando el uso del Estado como plataforma electoral, en un contexto de alta desconfianza hacia el Congreso. Varios sectores advierten que esta iniciativa podría agravar el ya deteriorado vínculo entre la clase política y la ciudadanía.
El dictamen aprobado por la Comisión de Constitución aún no tiene fuerza de ley, pero sienta un precedente que podría cambiar las reglas de juego en la campaña electoral del 2026. Mientras tanto, la controversia crece en torno a la pregunta clave: ¿deben los congresistas poder hacer campaña mientras cumplen funciones pagadas por el Estado?
