El lunes 2 de junio, alrededor de las 8:29 p.m., dos extorsionadores a bordo de una motocicleta perpetraron un violento ataque contra la empresa de transportes Santa Anita en Manchay. Este incidente, registrado por cámaras de seguridad, mostró a uno de los delincuentes disparando directamente contra un bus que estaba a punto de iniciar su ruta. Al mismo tiempo, lanzó un explosivo hacia la caseta de recepción, donde un trabajador logró escapar justo a tiempo al darse cuenta del peligro.
En un segundo video, se observa a uno de los atacantes agrediendo brutalmente a un vigilante de avanzada edad, golpeándolo con la cacha de su pistola. Este acto de violencia refleja la impunidad con la que operan estas bandas en la zona. Tras el ataque, la Policía recuperó dos cartuchos de dinamita de la bolsa lanzada a la caseta, evidenciando la gravedad del suceso.
Los trabajadores de la empresa han expresado su temor y ansiedad. “Estamos con miedo, pero ¿qué podemos hacer? Nos están pidiendo a todos los grupos. Antes era uno, ahora son varios. Todos amenazan”, comentó un conductor que prefirió mantenerse en el anonimato. Este mismo conductor reveló que una de las bandas exige un pago mensual de 30 mil soles a cambio de “protección”.
La situación ha llevado a que al menos tres organizaciones criminales extorsionen a Santa Anita. Dos de estas bandas operan desde San Juan de Lurigancho, mientras que la tercera lo hace en el propio sector de Manchay. Los transportistas se encuentran atrapados en un ciclo de extorsión, donde cada mes deben afrontar nuevas amenazas e exigencias de pago.
“Nos están pidiendo plata todos los meses. ¿A dónde vamos a llegar así? Las autoridades no dicen nada”, reclamó otro transportista, visiblemente frustrado por la falta de acción de las autoridades. La sensación de abandono por parte de la Policía Nacional del Perú ha intensificado la angustia entre los trabajadores, quienes se ven obligados a seguir operando en un ambiente hostil, temerosos de sufrir represalias.
La comunidad local también se muestra preocupada por el aumento de la violencia en la zona. Los ciudadanos claman a las autoridades que tomen medidas efectivas para combatir la extorsión y garantizar la seguridad de los trabajadores y residentes. La falta de respuesta ha generado un clima de incertidumbre y miedo que afecta no solo a la empresa de transporte, sino a toda la comunidad que depende de ella para su movilidad diaria.
Si la situación no cambia, la empresa Santa Anita podría verse obligada a cerrar sus puertas, dejando a muchos trabajadores sin empleo y a la comunidad sin un servicio de transporte esencial.
