A pocos días de su entrada en vigencia, la Ley n.° 32330 —que modifica el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes— ha sido cuestionada por diversos sectores. La Defensoría del Pueblo denunció que esta norma convierte en imputables a menores de 16 y 17 años dentro del sistema penal ordinario, lo que representa, según la institución, un grave retroceso en la protección de los derechos fundamentales de los adolescentes.
En respuesta, la Defensoría presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra dicha ley, señalando que contradice tratados internacionales suscritos por el Estado peruano como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, recordó que la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política establece la supremacía de los tratados sobre derechos humanos en el orden interno.
A fin de evitar un daño irreparable, también se solicitó al Tribunal Constitucional una medida cautelar excepcional para suspender de forma inmediata los efectos de la ley, mientras se resuelve el proceso de fondo.
El debate público se intensificó tras la aprobación de la ley. Algunos sectores políticos defienden la medida como una forma de responder al incremento de delitos graves como el sicariato y la extorsión cometidos por menores. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que esto vulnera el principio de justicia juvenil diferenciada y puede generar más violencia y exclusión social.
“La norma no respeta el enfoque especializado en niñez y adolescencia, y abre la puerta a que adolescentes sean tratados como adultos, contrariando estándares internacionales”, advirtió la Defensoría.
Finalmente, la institución reiteró su compromiso con la protección de niñas, niños y adolescentes, y pidió al Congreso y al Ejecutivo respetar el marco constitucional y los compromisos internacionales asumidos por el Perú.
