La Comisión de Constitución del Congreso aprobó un dictamen que plantea reincorporar la figura de la inmunidad parlamentaria en la Constitución. De ser aprobado, este régimen aplicaría a los futuros senadores y diputados que sean elegidos en las elecciones de 2026.
Esta propuesta que obtuvo 14 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones incluye un marco legal orientado a «garantizar tanto la autonomía del Poder Legislativo como el respeto al debido proceso y la transparencia», según informó el Parlamento en un comunicado oficial.
Sobre el tema, el abogado Carlos Torres Caro aclaró que la inmunidad parlamentaria no ha sido eliminada, sino que lo que dejó de existir fue la inmunidad parlamentaria absoluta. Explicó, en el programa Ampliación de Noticias, que esta última era la que amparaba a los congresistas frente a delitos comunes cometidos antes, durante o después de su labor parlamentaria.
Precisó además que en el país aún está vigente la inmunidad relativa, establecida en la Constitución, la cual protege a los legisladores únicamente por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su función. En cambio, la inmunidad absoluta —según detalló— cubre al parlamentario frente a cualquier tipo de denuncia o proceso, sin importar el momento en que haya ocurrido el hecho.
¿Es pertinente restablecer esta figura en el actual contexto del Congreso?
Ante las denuncias que involucran a congresistas, así como los enfrentamientos entre el Legislativo y el Ejecutivo, el abogado Carlos Torres Caro consideró que no resulta adecuado reinstaurar la inmunidad parlamentaria en los términos planteados por el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución.
Recordó que, desde la primera Constitución peruana, existió una inmunidad parlamentaria de carácter absoluto. Sin embargo, esta fue eliminada en 2021 mediante la Ley 31018, con el fin de que solo se protegiera a los parlamentarios por actos vinculados estrictamente al ejercicio de su función, como sus votos y opiniones.
Torres Caro señaló que la inmunidad relativa es una figura que se aplica en varios países, pero advirtió que la propuesta actual representa un serio retroceso en la evolución constitucional del Perú.
«Se trata de un retroceso importante porque se atenta contra la transparencia en la labor parlamentaria», explicó. Agregó que esta modificación podría interpretarse como una vía hacia la impunidad futura, ya que congresistas con procesos penales en curso podrían quedar protegidos si resultan reelectos en 2026.
«Esto permitiría que se liberen de las investigaciones penales vigentes, y eso es lo que debe evitarse», remarcó. Por ello, sostuvo que el dictamen debería especificar con claridad que los procesos anteriores a la reforma no se verán afectados, de lo contrario advirtió, «estaríamos ante una estrategia de impunidad».
