El dictamen, aprobado el 16 de mayo, será debatido próximamente en el Pleno del Congreso. De ser ratificado, beneficiaría a más de 160 mil profesores retirados de la educación básica regular, alternativa y especial, incluidos aquellos afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).
La iniciativa plantea una pensión proporcional a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial, en base al principio de equidad. Representantes del gremio docente calificaron la medida como “histórica” y afirmaron que responde a una demanda postergada por años.
Según el dictamen, “negar una pensión adecuada a los maestros jubilados equivale a desconocer su contribución histórica al desarrollo del país”. También se señala que la medida tendría un impacto positivo en las economías locales, debido a que muchos docentes retirados viven en zonas rurales o urbano-marginales.
Actualmente, el gasto anual en pensiones para este sector es de S/1.555 millones. Con el nuevo monto, el desembolso ascendería a S/6.415 millones al año, de acuerdo con estimaciones de la Comisión de Economía. El financiamiento, según el dictamen, provendría de tributos a instituciones educativas privadas y del impuesto a la renta de quinta categoría que pagan los docentes en actividad.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha expresado su rechazo a la propuesta, al considerar que carece de un análisis técnico de costo-beneficio que garantice su viabilidad. Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu) advirtió que igualar pensiones con sueldos activos contraviene la Ley 28449, que prohíbe expresamente esta práctica.
El Ministerio de Trabajo también manifestó su preocupación por la falta de una evaluación detallada sobre el impacto económico y financiero del proyecto.
El futuro de la propuesta dependerá del debate en el Pleno del Congreso. Si se aprueba, marcaría un cambio significativo en la política previsional del magisterio jubilado.
